El PP plantea una iniciativa para "regular las causas de cese" del fiscal general y "garantizar su independencia del Gobierno"

La formación de Alberto Núñez Feijóo trata, de este modo, de evitar que "la insostenible situación de Álvaro García Ortiz" deje de estar de actualidad, "ante el tsunami de escándalos y manipulaciones del Gobierno de Pedro Sánchez".

Pero sobre todo, el PP busca azuzar al PSOE a que cumpla una parte del acuerdo de renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, "parecen haber olvidado".

Sobre todo, porque al mismo tiempo, advierten las fuentes consultadas, el Ministerio de Justicia está impulsando la reforma de la Ley Procesal y "pretende entregar la instrucción de los sumarios a la Fiscalía sin haber reformado antes el Estatuto Orgánico, como exige el respeto a la separación de poderes y, expresamente la Unión Europea".

De hecho, en el texto registrado el pasado martes en el Congreso, al que ha tenido acceso este periódico, los populares recuerdan la "falta de idoneidad" para el cargo de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general, según decretó el propio CGPJ. O las condenas por "desviación de poder" que ha sufrido tras intentar "beneficiar" a su "antecesora y mentora, Dolores Delgado".

Y sobre todo, dos aspectos más "aún más graves", según las fuentes consultadas en el PP.

Uno, "el hecho insólito de que siga en su cargo tras haber sido imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, con motivaciones políticas". Es decir, "para favorecer al Gobierno en una trifulca política con una rival de la oposición", en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

Y dos, un par de frases de Pedro Sánchez en 2019 y en 2025. "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso...", cuando aseguraba que él traería a España a Carles Puigdemont detenido para que respondiera "ante los tribunales". Y la defensa de "su fiscal general", una vez que su móvil fue registrado y la UCO no halló más que un dispositivo vacío.

"En su propio beneficio"

Estas dos intervenciones públicas del presidente del Gobierno son lo que la formación conservadora considera como "una confesión preventiva y una advertencia del propio Sánchez" de que "utiliza la Fiscalía en su propio beneficio".

Más allá de las actuaciones "que muestran la colonización de un órgano constitucional en su propio beneficio", en los casos que investiga la Justicia contra su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; o los líderes independentistas, "para los que la Fiscalía reclama la aplicación de la amnistía en contra del criterio del Tribunal Supremo".

La PNL se tendrá que debatir y votar en el seno de la comisión de Justicia del Congreso, en el momento en el que la Mesa de este organismo lo agende. Para los populares es "urgente e imprescindible" poner sobre la mesa este asunto "a la vista del deterioro del Estado de derecho en la España de Pedro Sánchez".

Primero, porque reformas que reclaman en esta proposición fueron pactadas con el PSOE en el acuerdo para la renovación y reforma del CGPJ, alcanzado el pasado mes de junio. Y segundo, porque "hace falta mantener la presión sobre la nueva Comisión Europea" y su titular de Justicia, Michael McGrath.

Advertencias de la UE

Cabe recordar, a modo de ejemplo, que hace 30 años, la Asociación de Fiscales ya advirtió de que la Fiscalía General del Estado estaba intervenida por el Gobierno de turno, lo que redunda en deficiencias y falta de confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, del que forma parte.

"Son nombramientos que, al final, se hacen por el Gobierno", advertía la organización mayoritaria del Ministerio Público, preocupada por que esa politización convirtiera la creación de la entonces nueva Fiscalía Anticorrupción en un coladero legal para la indulgencia con implicados en casos cercanos al poder. "Esto supone que no tenga la credibilidad necesaria".

Desde entonces, y a pesar del prestigio adquirido en los múltiples casos instruidos por esta sala especializada, la politización del cargo de fiscal general se ha hecho más evidente: el Informe sobre el Estado de derecho de la Unión Europea se lo afea cada año a España. "No se ha tomado ninguna medida para disociar en el tiempo el mandato del fiscal general del Estado y el del Gobierno", advierte la Comisión Europea en la última edición.

Por eso, el PP ahora insiste en esas "necesarias e imperiosas" reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La PNL continúa describiendo, en los puntos siguientes, más iniciativas que debe impulsar el Gobierno.

"No puede haber un nuevo proceso penal, en el que se atribuya la investigación al Ministerio Fiscal, sin una previa reforma integral de su Estatuto Orgánico, que garantice la independencia de esta institución", advierte la iniciativa. "Es un órgano de raíz constitucional", recuerda el texto, "y por tanto ajeno al partidismo político".

Así, se plantea "actualizar y mejorar las reglas de funcionamiento" interno de la Fiscalía "garantizando la máxima transparencia en sus relaciones con el Poder Ejecutivo". También se pide "una actualización de los procesos de toma de decisiones, de la resolución de conflictos y del régimen disciplinario".

Finalmente, el PP plantea "dar mayor peso al Consejo Fiscal en la toma de decisiones relevantes" que afecten a la división de poderes, es decir, a "la independencia del Poder Judicial". También en "lo referente a las garantías profesionales de los fiscales", en lo tocante a "nombramientos discrecionales" que deberán regirse sólo "por los principios de mérito y capacidad".