La Guardia Civil sorprendió al tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Andreu Viloca, reuniéndose con uno de los principales adjudicadores de obra pública investigada, Josep Antoni Rosell, en un club deportivo tres días antes de que se registrara la sede del partido y en pleno proceso de negociación para adjudicar una obra pública, presuntamente previo pago de una donación.
El documento fotográfico al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL demostraría cómo Viloca intervino en las adjudicaciones de obra pública por lo menos hasta tres días antes del registro a su despacho. Rosell era en ese momento el director de la empresa pública GISA (dedicada a la adjudicación de obra pública de la Generalitat), desde la cual se adjudicaron diversos contratos a empresas que donaban de manera “sistemática” al partido presidido por Artur Mas, en la época que éste también era presidente de la Generalitat.
Esa reunión se produjo tres días antes de que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la orden del juez del Vendrell Josep Bosch, entraran en la sede de CDC para realizar varios registros. Fue ese día cuando Viloca procedió a destruir en su triturada varios documentos que le podían implicar en la la trama del 3% investigada. En uno de esos papeles triturados, una vez reconstruidos por la Guardia Civil, apareció el nombre de Rosell junto al de una empresa, Rogasa.
Esta reunión es altamente sospechosa para los investigadores porque la vinculan con una obra que debía adjudicar Gisa en esas fechas.
“Este hecho, a la vista del patrón detectado, tiene que estar relacionado con la licitación en marcha en esas fechas (julio-agosto 2015) para la construcción de una escuela (Escuela Montserrat Vayreda de Roses) por parte de GISA, además de con la reunión el día 25 del mismo mes y año entre Viloca y un desconocido, que recientemente se ha identificado como el director general de GISA (Josep Antonio Rosell i Polo -detenido el mismo día que Viloca, en octubre de 2015-). Esta circunstancia incluye a dicho alto cargo en la denominada por esta instrucción 'correa de transmisión para la comisión de adjudicaciones fraudulentas, como las que se están investigando propiamente en la sede GISA en tres casos de los que componen esta instrucción”, recoge uno de los informes de la Guardia Civil.
Los seguimientos de la Guardia Civil
Los agentes encargados de la investigación habían estado haciendo seguimientos a Viloca. El 25 de agosto de 2015 le siguieron hasta las instalaciones deportivas “Artos Sport Club”, donde se encontró con un varón en una de las cafeterías del recinto. Una hora después, a las 18:00 horas de ese día, el varón, en ese momento sin identificar se marchó del lugar.
Los agentes decidieron seguirle, al no conocer su identidad, y pudieron averiguar que acudió a a un complejo de edificios que alberga varios organismos públicos: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y FGC Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña.
Los agentes continuaron haciendo seguimientos a esta persona, en ese momento todavía sin identificar, y pudieron comprobar que el 13 de octubre de aquel mismo año, ese individuo acudió al hotel “Olivia Plaza”. Dos horas después, a las 21:35, salió acompañado de una mujer y se dirigió a otro inmueble, al que accedió con llaves propias.
Finalmente, la Guardia Civil identificó a ese individuo como Josep Antonio Rosell i Polo, director general de Infraestructuras de la Generalitat (GISA). “Si ubicamos la reunión ocurrida entre Viloca y Rosell, temporalmente en el proceso de adjudicación que nos ocupa, nos encontraríamos dentro del plazo otorgado para la presentación de ofertas y justo un mes antes de la apertura de las ofertas técnicas presentadas por los licitadores”, explica otro de los informes del instituto Armado incorporados en la 'causa del 3%'.
“Por todo lo anteriormente expuesto podríamos llegar a establecer una intervención de las personas Viloca, Rosell y Romero Gamero (Rogasa), durante el transcurso del proceso de adjudicación de la Escola Monserrat Vayreda, licitación que se encontraba en curso, todas estas maniobras quedarían pendientes de ser afianzadas con la fructificación de todos aquellos actos preparatorios orientados a la hipotética adjudicación arbitraria de la obra pública en favor de Romero”, señalaba la Guardia Civil en esas fechas.
Poco después de esos seguimientos, el 21 de octubre de 2015, tanto Viloca como Rosell fueron detenidos por orden de la Fiscalía Anticorrupción, que provocó la dimisión del último de su puesto en GISA.
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