La Justicia tendrá que devolver un millón de euros al PP por 'Papeles de Bárcenas'

El Partido Popular está más cerca de recuperar un millón de euros que en mayo del año pasado tuvo que afianzar en la Audiencia Nacional en concepto de fianza por su participación como responsable civil subsidiario en el caso conocido como Papeles de Bárcenas. Concretamente, el partido que preside Mariano Rajoy tuvo que pagar 1,2 millones de euros. Con el nuevo cálculo, el tribunal tiene ahora que valorar si acuerda la devolución de un millón de euros al PP, que sólo le quedarían depositados ante la Justicia 200.000 euros.

El PP siempre intentó no pagar la cantidad impuesta primero por el juez Pablo Ruz, en mayo de 2015, y después confirmada por el instructor José de la Mata. Sin embargo, este último le dio el año pasado un plazo de diez días para depositar la cantidad. Ahora, se debe hacer un recálculo y el partido podría tener suerte y recuperar ese dinero antes de que comience el juicio que tiene como telón de fondo la financiación ilegal de la formación.

El principal 'salvador' del partido es la empresa Unifica, el estudio de arquitectura que hizo las obras de la sede del PP, en la calle Génova (Madrid), y principal perjudicado por los conocidos como Papeles de Bárcenas -las notas manuscritas del que fuera tesorero del PP con todos los cobros de donaciones de empresarios y pagos de sobresueldos a diversos dirigentes del partido-.

La Justicia no pudo acreditar que los empresarios investigados habían pagado esas donaciones a cambio de la adjudicación de obras concretas y, por tanto, toda la supuesta financiación ilegal del partido no pudo ser acreditada. Al final, en el juicio sólo se sentarán en el banquillo de los acusados Bárcenas, su sustituto en la Gerencia, Cristóbal Páez, el responsable de Unifica, Gonzalo Urquijo, y otras dos trabajadoras de éste.

Lo único que se ha podido acreditar de manera indiciaria es que el PP pagó con dinero negro parte de las obras de su sede y, en consecuencia, los delitos fiscales del arquitecto por no declarar esos ingresos a Hacienda. Por otro lado, al PP se le achaca un delito fiscal por el IVA del año 2008 por no declarar las donaciones de aquel año -que superaron el límite permitido-, del que serían responsables los tesoreros de la formación, Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el PP como responsable civil. Lapuerta también tendría que ir acusado al juicio pero sus graves problemas de salud ya le han eximido de sentarse en el caso Gúrtel y le ocurrirá lo mismo en la pieza separada de los Papeles de Bárcenas.

En mayo de 2016, el PP anunció que pagaría la fianza impuesta como responsable civil subsidiario por los delitos fiscales de Unifica y por el delito fiscal de los responsables de las finanzas de la formación en el año 2008.

Unifica entrega 12 millones

Según fuentes jurídicas, son varias las razones por las que el PP podría recuperar su dinero. Primero, porque Unifica aportó todos sus activos y pasivos para asumir tanto las fianzas como las multas de Urquijo y las otras dos trabajadoras. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes jurídicas, los peritos judiciales valoraron todos los bienes y derechos ofrecidos por Unifica en 11.850.026 euros.

Con esa cantidad debería hacer frente a las fianzas y multas de los tres trabajadores de la empresa, si bien excluiría las fianzas y multas impuestas a Bárcenas, Lapuerta y Páez, dado que los delitos son distintos. Inicialmente, el cálculo realizado por el juez fue de 3 millones de euros en multas para cada uno de los miembros de Unifica y 1,5 millones de euros como fianza en concepto de responsabilidad civil.

Esta última es de carácter solidario, es decir, sólo hay que pagarla una vez entre todos. Si uno de los acusados paga esa cifra, el resto ya no la tiene que asumir. No ocurre lo mismo con las multas, que son personales a cada uno de los acusados. Atendiendo a esta cantidad, entre los tres acusados tendrían que pagar más de 12 millones de euros.

El tribunal, la última palabra

Sin embargo, hay otro factor que, según estas fuentes, el tribunal debe corregir. El juez de instrucción tuvo en cuenta a la hora de calcular las fianzas y multas tres ejercicios fiscales que o bien están prescritos (el Impuesto de Sociedades de 2006, en el que se habría defraudado 302.000 euros) o no alcanzan la cuota defraudada (77.900 por el año 2008 y 52.873 euros por el ejercicio 2009) y, por tanto, no pueden ser perseguidos penalmente dado que la cantidad mínima para que sea delito fiscal es de 120.000 euros. Según las fuentes consultadas, esas cantidades deben restarse tanto del total de la responsabilidad civil como de las multas fijadas.

Ahora bien, la última palabra para que el PP recupere su dinero la tiene la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ya tiene todos los datos encima de la mesa y debe hacer un nuevo cálculo sobre las cantidades que debe abonar cada acusado. Dependiendo del recálculo definitivo, se decidirá finalmente la devolución de la fianza al partido de Rajoy.

Con este nuevo cálculo, la responsabilidad civil se quedaría en 1,1 millón de euros y las multas en 2,2 millones de euros, que junto con el triple de ésta, quedaría un total a pagar entre los tres acusados de Unifica de 11.445.300 euros. Con esta nueva cantidad, los 11,8 millones de euros aportados por Unifica serían suficientes para asumir las multas de los tres así como la responsabilidad civil. Es precisamente esta última por la que se exigía al PP un millón de euros.

Al exigírsela como responsable civil subsidiario, una vez afianzada por una de las partes, la formación política ya no tendría que pagarla porque su obligación únicamente llega a tener que asumir la cuantía si los responsables directos no la pagan.

Bárcenas y Lapuerta no afianzan

Esto es lo que le va a pasar con los otros 200.000 euros que también ha tenido que pagar por el delito fiscal del año 2008, cometido por Bárcenas y Lapuerta, del que el PP también es responsable civil subsidiario. En este caso, ninguno de los dos acusados han hecho frente a este pago y, por tanto, el PP lo tiene que asumir. Esto significa, que estos 200.000 euros no se les devolvería, por lo menos hasta que se celebre el juicio, y se estime si este delito se cometió.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado defienden que ese delito fiscal atribuible al PP del año 2008, por no declarar donaciones -que además se excedieron de lo permitido por la ley-, no se le puede imputar penalmente porque en ese año los partidos políticos estaban exentos del pago de impuestos por donaciones ilegales. El juez Pablo Ruz y la sección Cuarta de la Audiencia Nacional defendieron que si las donaciones recibidas, como ocurrió en el caso del PP, incumplen la Ley de Financiación de Partidos, estas deben pagar impuestos como ingreso extraordinario. Estas distintas interpretaciones se tendrán que valorar en juicio.