La investigación por el 'caso del 3%' catalán tiene en el punto de mira como principales recaudadores y negociadores de "sobornos" a empresarios al tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, y al actual diputado catalán Germá Gordó. Ambos se reunían, según los datos incautados y analizados por la Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción, tanto en la sede de Convergencia como incluso en el propio edificio de la Generalitat con empresarios para negociar donaciones a cambio de obra pública.
Viloca ha sido detenido en dos ocasiones por esta causa que instruye el juez del Vendrell, Josep Bosch, e incluso en una ocasión fue enviado a prisión. Gordó está investigado por la Fiscalía y Guardia Civil aunque el juez no puede perseguirle oficialmente al ser diputado en el Parlament catalán y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Gordó ha sido gerente del partido. En 2010 fue designado secretario de la Generalitat, hasta que en 2010 fue elegido consejero de Justicia del Gobierno catalán y una de las manos derechas del presidente entonces, Artur Mas. Según la investigación, Gordó llegó a recibir a empresarios en su propio despacho de la Generalitat para tratar sobornos a cambio de mediar para que alcaldes, o directores de empresa pública les facilitaran las adjudicaciones públicas. Su mujer, Roser Bach, es actualmente vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Es el paradigma del tráfico de influencias el hecho de que muchas de esas reuniones de los empresarios tanto con el tesorero Viloca como con el diputado Gordó se hayan producido en la misma sede del CDC en la calle Córcega y de forma un tanto obscena en la propia sede del Palau de la Generalitat de Cataluña", afirma la Guardia Civil en un informe dedicado a Gordó al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En este correo, responsables de la empresa Oproler investigada por pagar donaciones a CDC a cambio de diversas adjudicaciones se recuerda que tienen una cita con Gordó "en el mismo Palau de la Plaza de Sant Jaume", según recoge el 'email' fechado en agosto de 2012.
"Todos y cada uno de los actores necesarios para cerrar el círculo de actividad delictiva han desarrollado acciones dirigidas a un solo fin: subvertir el estado de derecho, y mediante un elevado abuso de poder usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un gravísimo descrédito a la Administración Pública y un perjuicio incuantificable al propio erario público", concluye el Instituto Armado.
Registros a domicilios de Gordó
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil y el juez de instrucción ven claro que Gordó debe ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) teniendo en cuenta todos los correos electrónicos, declaraciones e indicios que le señalan como "mediador" o "conseguidor" de dinero de empresarios a cambio de que administraciones catalanes amañan contratos a favor de éstos.
Sin embargo, por ahora el tribunal competente ha requerido al juez instructor que recabe más indicios contra Gordó antes de asumir la causa. La Fiscalía había solicitado, por necesario, el registro de su despacho y cuatro domicilios vinculados a su persona, que todavía está pendiente de resolver hasta que el alto tribunal no asuma el caso, si lo hace finalmente.
Los investigadores le tienen localizado en reuniones para el amaño de diversos contratos a diversas empresas donantes en el Puerto de Barcelona y en el Consorcio de Educación.
Por esta operación, entre los últimos detenidos de febrero están Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, y Antoni Vives como vicepresidente. Este último fue teniente de alcalde de Barcelona con Xavier Trías como alcalde. Según la investigación, estos habrían asumido las directrices de Viloca y Gordó para favorecer a las empresas colaboradoras con CDC.
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