Tres mujeres en busca de justicia durante 14 años: la guerra de los Larios

Catorce años de lucha encarnizada en los tribunales tratando de revertir la llamativa situación de que Carlos Gutierrez-Maturana-Larios Altuna -con el 27% de las participaciones- haya sido el dueño y señor del Grupo Mazacruz frente a su madrastra y sus dos hermanastras -que suman el 73% del accionariado- han tenido su punto de inflexión este miércoles con la inscripción en el Registro Mercantil de la resolución del procedimiento arbitral instado por las tres mujeres.

El laudo, dictado por Rafael Jiménez de Parga, acoge los argumentos del prestigioso letrado Bernardo Cremades, abogado de Bárbara Kalachnikoff y sus dos hijas. La resolución afirma el abuso de la posición de dominio ejercida por el actual marqués de Paúl y ordena la liquidación del conglomerado empresarial y su reparto en función del porcentaje de participación accionarial de cada socio, sin votos privilegiados.

Decenas de procedimientos mercantiles, penales y sucesorios, demandas de padres contra hijos, de éstos contra los padres y de los hermanos entre sí se han cruzado desde que en abril de 2003 Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna demandara a su padre, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Príes, para hacer valer la donación que éste le había hecho de 135.252 acciones de Mazacruz (el 23% del capital social del grupo) así como el acuerdo adoptado en una junta general fechada en mayo de 2000 por el que se dio a Carlos hijo un privilegio de voto consistente en el derecho a que cada una de sus participaciones valiera cinco votos y no sólo uno.

Ese privilegio de voto múltiple daba, de facto, a Altuna el control absoluto de Mazacruz. Aunque Bárbara y sus hijas denunciaron durante años que tanto la donación como el acuerdo societario favorable a Carlos habían sido fraudulentos, los tribunales le respaldaron. Según ellas, esa junta nunca se celebró y la donación de las 135.252 acciones había sido arrancada al marqués de Paúl en la cama de la clínica en la que estaba postrado, en la noche del 30 de mayo de 2000, a punto de volar a Houston en un avión-ambulancia para someterse a una operación quirúrgica.

Cuando el marqués de Paúl se recuperó y se enteró de la posición de dominio en la que se había situado su hijo, le revocó los poderes que tenía en Mazacruz y se negó a reconocerle el voto múltiple. El marqués reaccionó a la demanda interpuesta por su primogénito en abril de 2003 con una querella contra él por falsedad documental y estafa.

La querella fue archivada, pero la pelea en los tribunales prosiguió. Fallecido el marqués en mayo de 2004, Bárbara Kalachnikoff y sus hijas Christina y Bárbara han luchado por mantener el usufructo sobre la finca Dehesa de los Llanos (residencia de la viuda y de la que ha estado a punto de ser expulsada por su hijastro) y, sobre todo, por recuperar el control del patrimonio de Mazacruz que les correspondía. Aunque los jueces avalaron el voto múltiple de Altuna y la donación del 23% del capital social, ellas lograron que los tribunales reconocieran la nulidad de la junta en la que Carlos las cesó como miembros del consejo de administración y se nombró presidente.

En mayo de 2014, Bárbara y sus hijas solicitaron un procedimiento de arbitraje al no prosperar su propuesta de disolución y liquidación del grupo para repartirlo en función de la participación de cada uno en el capital social. Pese a su posición de consejeras de pleno derecho, la realidad es que Altuna ha seguido dirigiendo el grupo empresarial según sus criterios, por lo que ellas activaron la claúsula arbitral que ha concluido con un laudo a su favor. No obstante, esta decisión es recurrible, por lo que las tres mujeres tendrán que continuar su batalla.