Anticorrupción dice que "Gallardón tuvo el control de la compra fraudulenta de Inassa" por el Canal

"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la 'operación Lezo' respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en Latinoamérica, realizada en 2001.

En un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco conocido por EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción no sólo apunta hacia el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente del Gobierno de Madrid sino también hacia su brazo derecho para las cuestiones de finanzas, Juan Bravo, que era consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de la mercantil colombiana Inassa.

Esta operación es considerada por los fiscales del 'caso Lezo' como el inicio de las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal. De acuerdo con el relato de Anticorrupción, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de 2001 al Canal a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta 2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.

Para acometer la compra de Inassa, el Ejecutivo regional autorizó la constitución de Canal Extensia como una 'sociedad vehículo', es decir, con un mero carácter instrumental. "En el sector privado", recuerda la Fiscalía, "este tipo de sociedades suelen cumplir la función (al margen de eventuales beneficios fiscales) de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales responsabilidades".

"Fin defraudatorio"

"Desde luego", sostienen los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García respecto a la constitución de la sociedad Canal Extensia, "esta actuación carece de justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la actuación pública".

"No era necesaria la creación de Canal Extensia (a modo de holding privado dependiente de una administración pública para lograr mayor agilidad operativa) ya que esta función la podía cumplir la propia sociedad que estaban adquiriendo. Canal Isabel  II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirman en referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través de la que se articularon los pagos y que "se disolvió inmediatamente después de la operación". "Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio", señalan.

Los fiscales consideran  que "repugna a la lógica jurídica más elemental" situar a Canal Extensia en el dominio de la operación de adquisición de Inassa. A su juicio, hay indicios de que se trató de una decisión "de arriba hacia abajo". El acuerdo de comprar Inassa y la forma en que se ejecutó "se gestó en el Consejo de Gobierno" de la CAM que presidía Ruiz Gallardón "y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal Extensia SA y por los administradores de Inassa".

Entre otros indicios, destacan que "nadie dentro de la Administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal" y que "no consta" que se cumplieran los requisitos administrativos para el control de la operación.

En este sentido, los fiscales se preguntan "en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares". "Las investigaciones apuntan indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su gente'", como dijo Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas.

Una propuesta de Bravo

Según Anticorrupción, hay "indicios de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente [de la que entonces dependía el Canal] a propuesta del consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera fue elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la adquisición de Inassa, con el consiguiente desvío de capitales públicos".

Todo ello, afirma la Fiscalía, fue conocido por Ignacio González a partir de 2003, cuando se le nombró vicepresidente de la CAM y responsable del Canal. "Hasta tal punto conocía la operación que ordenó una investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido", añaden los fiscales. Ese informe, pagado con fondos públicos, "se ocultó" en su día pero ha aparecido en los registros judiciales practicados el pasado 19 de abril, cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido.

Ignacio González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid", pago que se prolongó hasta 2012.

A su juicio, esa forma de actuar "sólo puede responder", de un lado, a "la connivencia que González tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición de Inassa", connivencia que "podría reportarle beneficios económicos o políticos. Y, de otro, "a la oportunidad de negocio que el propio Ignacio González apreció en la operación, oportunidad que presuntamente repitió en el año 2013 con la sociedad brasileña Emissao".

En todo caso, para los fiscales la "impunidad" en una operación "del calado e importancia" de la compra de Inassa "sólo fue posible con la connivencia a un máximo nivel en la comunidad autónoma".