Los europarlamentarios del PNV, EH Bildu, IU y Podemos, Izaskun Bilbao, Josu Juaristi, Marina Albiol y Xabier Benito, han presentado una iniciativa en la que denuncian la petición fiscal de un total de 375 años de cárcel para los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016. Además, piden que se revise la aplicación en España de las normas europeas sobre terrorismo.
Este grupo de europarlamentarios, que llevó del denominado 'caso Alsasua' al Parlamento Europeo, ha presentado este jueves 20 de julio una iniciativa en la que asegura que la petición de 375 años de cárcel para los procesados "tiene su origen en una incorrecta trasposición en España de la legislación europea que define el delito de terrorismo".
Por ello, solicitan a la Comisión Europea que "revise el proceso de adaptación de las leyes estatales a las europeas y que contraste si lo ocurrido en este caso concuerda con las previsiones sobre proporcionalidad de las penas" que se recogen en el artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
En su texto, Bilbao, Juaristi, Albiol y Benito recuerdan que la condena que se pide para los encausados "está vinculada a su participación en una trifulca con cuatro personas, dos de ellas guardias civiles, tras un encuentro fortuito en un bar de Alsasua", y destacan que "la lesión más grave fruto de estos hechos fue una fractura de tobillo".
En la iniciativa, explican que el fiscal "ha tratado de convertir lo sucedido en un delito de terrorismo", y señalan que el escrito de acusación "parte de la base de que los jóvenes agredieron a los agentes para reivindicar la sustitución en el País Vasco y Navarra de las Fuerzas de Seguridad estatales por otras de carácter autonómico". "Como esa reivindicación, prevista en la legislación interna, era defendida también por ETA, organización inactiva y desarmada, les acusa de un delito de terrorismo", añaden.
Definiciones comunitarias de terrorismo
A juicio de los firmantes de la iniciativa, la construcción del escrito de acusación "no encaja con las definiciones comunitarias de terrorismo que aparecen en varias directivas y decisiones marco europeas". Además, considera que no es consecuente "con la aplicación que en otros casos de agresiones contra Policías se hace del Código Penal" en el propio Estado español.
Por ello, piden que Bruselas "examine si la trasposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en España". Finalmente, se interesan sobre los planes que tienen la Comisión y Eurojust para armonizar criterios en este campo.