El diputado catalán y ex consejero de Justicia, Germá Gordó, reconoció este jueves ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el superior jerárquico directo tanto suyo como del tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) era el secretario general, esto es Artur Mas. Tanto Gordó, que fue gerente del partido, como el tesorero, Andreu Viloca, son las dos personas señaladas en el caso 3% como intermediarias para conseguir las mordidas de los empresarios a cambio de obra pública.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Gordó, que declaró en calidad de investigado, sostuvo ante el magistrado Carlos Ramos y la Fiscalía Anticorrupción que la persona a la que Viloca rendía cuentas era al secretario general del partido, es decir a Artur Mas, antecesor de Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat. La Fiscalía solicitó que se le prohibiera salir del país, decisión que adoptara este viernes el magistrado.

Viloca llegó a ser detenido y enviado a prisión en el marco de esta investigación que dirige el juez del Vendrell Josep Bosch, aunque finalmente consiguió que la Audiencia Provincial de Tarragona le impusiera una fianza y poder obtener su libertad. Según la Fiscalía Anticorrupción, Viloca, siendo administrador y tesorero de CDC y de la Fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC”, recoge un escrito adelantado por este diario.

Para la Fiscalía, Viloca “es quien controlaba, en una primera instancia, de forma sistemática los pagos encubiertos que recibía finalmente CDC, verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona”.

Se intervinieron en el despacho de Viloca, en la sede de CDC, anuncios de licitaciones que posteriormente eran adjudicadas a unas empresas con cuyos representantes se reunía previamente y de quienes se recibía donaciones para la fundación vinculada al partido.

Idearon el sistema de adjudicaciones

Los investigadores constataron cómo dichas empresas contratistas efectuaban la oportuna donación a CatDem, tanto en proximidad a la publicación de las licitaciones como inmediatamente posterior a la adjudicación. “Analizada la documentación intervenida, resulta que uno de los ejes de la investigación es la cobertura que Viloca tenía en CDC para realizar las diferentes actividades delictivas que se le imputan. Es decir, quién o quiénes del partido CDC conocían y consentían, incluso ideaban, el sistema de adjudicaciones de obra pública determinadas por donaciones a CatDem que, finalmente, iban al patrimonio del propio partido político”, sostiene Anticorrupción.

Entre Viloca y Gordó, se sospecha que hablaban con los empresarios, acordaban las adjudicaciones que se les iba a conceder, y a cambio se establecía una cantidad que debían pagar al partido, a través de sus fundaciones, antes de recibir el contrato público. Una vez zanjado el pacto, tanto Viloca como Gordó, siempre según la investigación, hablaban con lo cargos públicos -alcaldes o directores de empresas públicas- para que facilitaran la adjudicación al empresario 'amigo' del partido. Concretamente, al diputado -y por tanto aforado- se le sitúan en el amaño de cinco adjudicaciones.

Pues bien, el ex consejero de Justicia -salió del partido, Junts pel Sí tras su imputación por el TSJC aunque mantuvo su escaño como no adscrito- reconoció durante su interrogatorio de cuatro horas haber mantenido reuniones con diversos empresarios catalanes en el marco de su función pública pero ha negado que nunca haya intervenido en ningún tipo de amaño.

Desconocía la financiación del partido

Según su relato, Viloca era quien se encargaba de los ingresos del partido mientras que él era el responsable de los gastos. Es decir, él desconocía como se financiaba su partido. Pero los dos, tanto Viloca como el propio Gordó, debían rendir cuentas a su secretario general porque era la persona a la que se debían, no había ningún cargo intermedio.

Los investigadores han obtenido varias pruebas a lo largo de la instrucción para determinar de manera indiciaria que Gordó es responsable de un delito de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre otros datos, se basan en la información conseguida en las entradas y registros en los domicilios personales y sociales de los empresarios que en su momento fueron detenidos, así como en la sede de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S. A. y en el despacho que ocupaba Viloca en la sede de CDC.

"Es el paradigma del tráfico de influencias el hecho de que muchas de esas reuniones de los empresarios tanto con el tesorero Viloca como con el diputado Gordó se hayan producido en la misma sede del CDC en la calle Córcega y de forma un tanto obscena en la propia sede del Palau de la Generalitat de Cataluña", afirmaba la Guardia Civil en un informe dedicado a Gordó.

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