CatLeaks: El vertedero que habría dado a Convergència 28 millones

La oferta era clara: 28 millones de euros para Convergència a cambio de una licencia para instalar un vertedero. Y se trasladó, gracias a un alto cargo de la Administración catalana, hasta la cúpula del Govern de Artur Mas. La operación, según reflejan los datos recabados por este diario, se centraba en el cambio de uso de una finca con licencia para verter residuos arenosos. A cambio del contrato, los intermediarios que participaron en la operación ofrecieron al partido una suculenta tajada; el 25% del posible negocio generado por el vertedero hasta 2034 "28 millones como mínimo", refleja el manuscrito que resume la operación, donde CDC recibe el nombre en clave de "la casa grande". 

El manuscrito desvelado hoy forma parte de un dossier de 21 páginas que fue trasladado por un intermediario a la cúpula de Infraestructures, la empresa que controla las licitaciones de obra en Cataluña. El objetivo, según fuentes vinculadas a la operación, era que la propuesta empresarial llegara al consejero Germà Gordó, hombre fuerte del Ejecutivo de Artur Mas. De hecho, la licencia solicitada por el grupo empresarial (que finalmente nunca se otorgó) no es competencia de Infraestructures. Pero tal y como ha desvelado EL ESPAÑOL en el transcurso de la investigación periodística CatLeaks, los máximos responsables de la empresa pública tenían línea directa con el exsecretario del Govern, investigado desde el pasado mes de junio por participar presuntamente en el amaño de obras en el marco del caso 3%.

"Sobre el proyecto, un 25% era para la casa grande", refleja el resumen de la operación en letras capitulares, en referencia al partido político de Carles Puigdemont.

Una licencia imposible

El dossier obtenido por este diario -sin sello ni firma que indique su autoría- refleja el interés del grupo empresarial Ecosistema i Projectes Mediambietals SL (que trabaja bajo la marca ECO6) en conseguir la licencia para ubicar un vertedero en una finca del municipio barcelonés de Llinars del Vallés. Y cuenta incluso con documentación oficial presentada por el máximo responsable de la compañía, Gonzalo García Juvé, que en noviembre de 2013 vio como la solicitud era denegada por la Agencia de Residus de Cataluña (ARC).

De hecho, según la propia documentación, era legalmente imposible (al menos sin ayuda política) que la Generalitat concediera la licencia, ya que tenía una moratoria de al menos dos años para la instalación de estos vertederos."Actualmente se está redactando el proyecto con gabinetes cercanos a la ARC, ja que se puede autorizar al final de la moratoria una nueva licencia o, debido al proceso de cierre de dos instalaciones (Vacarisses i Santa María de Palautordera) estas licencias se pueden adjudicar nuevamente sin esperar a la moratoria", explica otro de los documentos incluidos en el dossier.

Tres presuntos socios

El manuscrito que acompaña a la documentación vincula con el vertedero a tres empresas distintas. Tres firmas catalanas llamadas DAD Reciclatge, Cic3 y Gonzálo García SA. Tal y como refleja el manuscrito, CiC3 tiene su sede social en Sant Cugat del Vallest, localidad en la que fue alcalde durante años el exdiputado nacional Lluis Recoder, cuyo apellido aparece también en el documento.

Tras abandonar el consistorio catalán, Recoder pasó a liderar la Conselleria de Territori y Sostenibilitat, el organismo de la Administración autonómica del que depende la concesión de este vertedero. Es en este punto donde el manuscrito refleja la anotación "sobre el proyecto, un 25% era para la casa grande", en una referencia evidente a la necesidad de favores políticos.

Tras analizar el dossier, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con las tres empresas allí reflejadas para conocer su versión sobre estos hechos y para confirmar si tenían conocimiento del ofrecimiento que se hizo en su nombre o del manuscrito que refleja el destino de esos 28 millones de euros a Convergència, o si su nombre ha podido ser utilizado por terceros.

Desde la firma Cic3 rechazan por completo que su empresa tuviera vinculación o conocimiento con la oferta desvelada por EL ESPAÑOL. Tras devolver las llamadas de este diario, sus responsables niegan tener conocimiento tanto de la operación en concreto como de cualquier propuesta trasladada a personal de la Administración. 

Las mismas fuentes reconocen que Cic3 tiene un contrato firmado con ECO6 (empresa que explota la finca) para verter allí terrenos, pero niegan cualquier vinculación con el intento de concesión de la licencia para el vertedero, y mucho menos con los contactos trasladados a miembros de la Administración acompañados de una presunta oferta económica.

Además, portavoces de DAD Reciclatge niegan de la misma forma cualquier relación con esta operación, con el manuscrito que la explica e incluso con la firma ECO6, responsable de la finca donde se debía instalar el vertedero.

Según las estimaciones reflejadas en el esquema, el volumen de negocio total de la planta, si finalmente era concedida, rondaría los 112 millones de euros. Cabe destacara que gran parte de ese dinero provendría directamente de las arcas públicas, ya que las empresas dedicadas a la gestión este tipo de residuos no peligrosos suelen tener como principal cliente a la Administración. "2.800.000 toneladas métricas, a 70-90 euros por tonelada, 112.000.000 euros. El 25%= 28.000.000 euros (a mínimos)", refleja el manuscrito, que calcula los vertidos en dos millones de metros cúbicos de vaso. 

A renglón seguido, el esquema, que parece responder a los apuntes de una reunión, explica que "Albert Sala, (gerente de Cic3) comenta que es probable que se haga a través de Cespa la aportación a la casa grande". A preguntas de EL ESPAÑOL, Sala ha negado de forma categórica tener conocimiento de la elaboración de este documento, de la petición de licencia para un vertedero y de que su empresa tuviera la más mínima vinculación con la operación. Además, descarta de plano que fuera suya la propuesta de canalizar el dinero por medio de Cespa, una empresa con la que no mantiene, según sus palabras, relación alguna. 

Según publicó El Mundo, la policía investigó en 2014 el incremento de facturación en Cataluña de la empresa del grupo Ferrovial tras promocionar en 2009 en el seno de su plantilla a Roger Junqueras, hermano del líder de ERC y vicepresidente del Govern Oriol Junqueras. Una sospecha que desde el partido catalán han negado de forma sistemática.