Anticorrupción solicita retirar el control a la empresa catalana de aguas Agissa

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se designe a un administrador judicial para la empresa de aguas catalana Agissa, investigada por un desfalco millonario a las arcas del Ayuntamiento de Girona durante la época, entre otras, del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando era alcalde de la localidad.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Ministerio Público pide esta medida cautelar tras la operación desarrollada este martes por la Guardia Civil y Anticorrupción y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, como consecuencia de la investigación a empresas municipales de agua por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos, en relación a hechos sucedidos en el periodo aproximado de 1998 a 2013.

Tras el registro de varias empresas y el requerimiento al Ayuntamiento de Girona, en busca de contratos y facturas, la Fiscalía ha considerado necesario retirar el control de la gestión del agua a Agissa, participada tanto por una empresa privada (Girona SA, controlada entonces por el empresario Narcís Piferrer) como por tres ayuntamientos (Girona, Salt y Sarrià de Ter). La empresa nació en 1992 para asumir el suministro de agua de los tres municipios catalanes y según los investigadores, desde entonces, ha falseado sus cuentas para favorecer a la empresa privada y perjudicar, con conocimiento de los propios ayuntamientos, a sus habitantes.

Anticorrupción considera que es legítima la medida de designar un administrador judicial dado que sus responsables e investigados “distrajeron capital y bienes del que podríamos llamar 'servicio público del agua'”.

Perpetuar el delito

“Una vez se está imputando a los administradores de la empresa concesionaria comportamientos delictivos directamente relacionados con la gestión de Agissa resulta anómalo perpetuar la comisión de los delitos imputados permitiendo a los actuales gestores dirigir los designios de la concesionaria y, por tanto, del servicio público del agua”, subraya el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Girona.

La Fiscalía propone que la administración judicial sea asumida por los “socios públicos” de Agissa, es decir, por los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter. “Se permite, por un lado, asegurar la continuidad en la prestación y gestión del servicio público del agua. Por otra parte, se asegura por el Juzgado la correcta supervisión de la misma administración judicial a través de los órganos de control municipales, la Intervención y la Secretaría”, añade.

La investigación, que saltó este martes con la Operación Aquarium, fue iniciada a raíz de una denuncia presentada en el año 2015 por la CUP contra directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, así como por unas diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía Provincial de Girona.

Las empresas investigadas son la municipal Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa), Girona SA y Prodaisa. Asimismo, se investiga a Narcís Piferrer, consejero delegado de Agissa; Xavier Ballell, sucesor de Píferrer y director técnico de Agissa cuando se produjeron los presuntos desvíos; el empresario Joan de Llobet, consejero de Agissa y en el despacho de abogados Sibilis.