La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que se admitan una treintena de querellas contra los ex presidentes del Banco Popular Angel Ron y Enrique Saracho así como de los dos Consejos de Administración por llevar a la quiebra a la entidad, comprada por el Banco Santander por un euro el pasado 7 de junio tras la gravedad de los hechos y el riesgo de no poder abrir sus oficinas por falta de liquidez.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes jurídicas, el Ministerio Público entregó su informe este jueves en el que pide al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que admita a trámite parte de las querellas presentadas durante estos últimos meses por accionistas del Popular.
El fiscal está a favor de que se actúe, por un lado, contra Ron y su Consejo de Administración por falsear las cuentas en el año 2016. Tal y como denunció la organización de consumidores OCU la información de la entidad se ha revelado "muy alejada de la realidad, ya que incluso hace un mes (mayo) se cifraba el valor patrimonial de la entidad en 10.777 millones de euros", según documentos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La OCU recordaba en su querella que la entidad estaba supervisada por el Banco de España y sus cuentas auditadas de forma independiente. "Sin embargo, las pérdidas de valor de la entidad no han dejado de sucederse lo que ha derivado en la situación actual, en la que los pequeños accionistas y poseedores de bonos y deuda subordinada han perdido toda su inversión", recoge.
Anticorrupción también considera que hay indicios suficientes para iniciar una investigación contra la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) por un delito de estafa documental a los inversores y falseamiento de cuentas, por ocultar los números reales de la entidad, que tuvieron que ser modificados a posteriori.
Respecto a la época de Saracho y de todo su equipo, la Fiscalía considera que se les debe investigar por el uso de información privilegiada y manipulación del mercado, al filtrar a los medios de comunicación datos falsos para manipular el precio de la acción a la baja.
Según diversas querellas que ahora se informa a favor de ser admitidas a trámite, en los últimos meses antes de la quiebra de la entidad hubo una corriente de noticias negativas para bajar el precio de la acción. Estos hechos, además, deberán ser investigados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En líneas generales, Anticorrupción está a favor de que se investiguen a los dos últimos equipos responsables de la entidad por delitos contra el mercado y los consumidores, alteración de las cuentas, manipulación del mercado para bajar las acciones, uso de información privilegiada y diversos delitos societarios como administración desleal.
Sin embargo, el fiscal se opone a abrir una investigación contra los reguladores, es decir el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por falta de control de la entidad porque entiende que, a priori, no son responsables de la quiebra del banco.
Ahora, el juez Andreu debe decidir qué querellas admite a trámite y contra qué personas.