La presidenta del Parlament de Cataluña recuperó este viernes la libertad tras pasar la noche en la prisión de Alcalá-Meco, donde esperó a que la Asamblea Nacional Catalana liberara los 150.000 euros que sirvieron para constituir la fianza impuesta por el juez del Supremo Pablo Llarena.
A partir de ahora, Forcadell deberá 'fichar' cada semana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el Juzgado que elija, tiene prohibido salir del territorio nacional y ha de entregar su pasaporte antes de las 14 horas de este sábado.
Pero no serán las únicas limitaciones a su actuación. Fuentes jurídicas coinciden en que, dados los términos de la resolución judicial en la que se acordó su prisión eludible bajo fianza -en lugar de la prisión incondicional solicitada para ella por la Fiscalía- Forcadell "tendrá que cuidar tanto lo que dice como lo que hace" para que Llarena no se vea en el trance de tener que agravar las medidas cautelares adoptadas.
Un giro radical
El giro radical sobre la situación en la que iba a quedar Forcadell se produjo el jueves al final de la vista sobre medidas cautelares cuando, a petición de un abogado de la defensa, Llarena ofreció un turno de última palabra a los investigados. Acababan de escuchar a la exfiscal general Consuelo Madrigal y al fiscal de Sala Fidel Cadena pedir prisión incondicional para Forcadell, Lluis Corominas, Lluis Guinó y Anna Simó, mientras que para Ramona Barrufet rebajaron su solicitud a prisión eludible con fianza en atención a que, durante su declaración, se distanció sin ambages de la declaración de independencia, renegó de la imposición unilateral de la ruptura y sostuvo que la vía hacia la independencia debe transitarse dentro del marco de la Constitución.
Forcadell, Corominas, Guinó y Simó intervinieron entonces para suscribir lo manifestado por Barrufet y ello llevó al juez a no decretar ninguna prisión incondicional. "Han manifestado que o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional", escribió Llarena, que lanzó a continuación una advertencia: "No se escapa que las afirmaciones de todos ellos pueden ser mendaces; en todo caso, han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga".
Llarena "no está criminalizando ideas", explican fuentes jurídicas, "sino que les está indicando que determinados comportamientos pueden ser considerados una reiteración delictiva". Es uno de los supuestos que permiten enviar a un investigado a prisión.
¿Qué comportamientos constituirían reiteración delictiva? Desde luego, cualquier iniciativa que supusiera un respaldo a la secesión unilateral adoptada por la Diputación Permanente del Parlament, órgano que preside Forcadell y del que también forman parte Corominas y Simó. La Diputación Permanente, órgano rector de la Cámara autonómica tras la disolución de la legislatura, tiene la facultad de tramitar propuestas de resolución "en relación con hechos de especial importancia", dice el reglamento.
El liderazgo
Sobre Forcadell pesan otros condicionantes derivados de las consideraciones que vierte el juez sobre su "actuación esencial" en el proceso secesionista y sobre la "intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido" en cada fase del pròces.
"Tendrá que ajustar su comportamiento público a lo que dijo ante el juez del Supremo", señalan fuentes jurídicas. "Por ejemplo, si interviene en un acto público y vuelve a insistir en el discurso de que la voluntad del pueblo catalán no tiene más límite que su propia soberanía o que no hay Constitución que pueda parar el deseo de independencia estaría poniendo de manifiesto la 'mendacidad' de la que habla LLarena", señalan.
De momento, nada más salir de prisión este viernes, en la cuenta de Twitter de Forcadell apareció un mensaje en el que asegura tener la "conciencia tranquila" por haber actuado "correctamente: garantizar la libertad del expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional".
Fuentes de la Fiscalía afirmaron que "ya hemos tomado nota de este mensaje" en el que se atribuye al Parlament de Cataluña una condición, la de representar la soberanía nacional, que, de acuerdo con la Constitución que Forcadell iba a acatar, corresponde al pueblo español.