El juez del Supremo, reticente a tramitar la euroorden para detener a Puigdemont en Copenhague

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la comisión de un presunto delito de rebelión tras la declaración de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre, no tiene claro que sea procedente dirigir a las autoridades danesas una euroorden para detener al artífice de esa secesión unilateral, Carles Puigdemont, en Copenhague.

El expresidente de la Generalitat ha aterrizado a las 8:30 de este lunes en la capital de Dinamarca para participar -físicamente, aunque podría haberlo hecho de forma telemática- en un debate universitario.

La Fiscalía del Supremo ha pedido a Llarena que tramite una euroorden para que las autoridades danesas detengan a Puigdemont y lo entreguen a España. Pero este proceso no es automático: una vez detenido, se inicia un proceso contradictorio que, por breve que sea, requerirá un tiempo. La defensa de Puigdemont ya consiguió que las autoridades judiciales de Bélgica, donde se encuentra desde finales de octubre, dudaran de la tipificación delictiva de los hechos cometidos por Puigdemont y Llarena tuvo que desactivar la euroorden.

Según las fuentes del tribunal consultadas por EL ESPAÑOL, el instructor del Supremo estudiará los argumentos del fiscal en el caso de que le llegue el escrito sobre la euroorden pero es reticente a cursarla por tener la vehemente sospecha de que, una vez más, Puigdemont pretende trampear con el ordenamiento jurídico y sacar rédito político de sus maniobras jurídicas.

Estas fuentes relacionan de forma directa el traslado de Puigdemont a Copenhague con la inminente sesión de investidura del nuevo president de Cataluña. Explican que, una vez que las autoridades danesas acordasen su detención (lo que no garantiza su posterior entrega), Puigdemont se encontraría en la misma situación de privación de libertad que ha permitido solicitar -y obtener- el voto delegado a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez. A través del voto delegado la Mesa del Parlament ya tendría un instrumento para permitir la participación de Puigdemont en el debate de investidura y lograr la elección como president para reincidir en el camino de la secesión.

Llarena cree que esas consideraciones deben ser tenidas en cuenta para no dar ventajas al investigado e iniciar un nuevo proceso europeo de entrega de resultado incierto.

El gobierno ha informado de que "ha puesto a disposición de la fiscalía toda la información que tienen las fuerzas de seguridad sobre la situación de Puigdemont". Ha matizado que "la decisión de solicitar la eurorden corresponde a la justicia" y que "el gobierno está dispuesto a colaborar en todo momento con las necesidades de la justicia".

El fiscal considera “obligado” cursar la euroorden

El escrito dirigido por el Ministerio Público a Llarena afirma que, a, e contarse Puigdemont “huido de la Justicia española” la orden de detención debe tramitarse.

La Fiscalía ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que curse la orden de detención y entrega de Puigdemont por delitos de rebelión y/o sedición, que, afirma, también se encuentran tipificados en el Código Penal danés y les una pena que puede llegar a la cadena perpetua revisable, es decir, con una sanción superior a la prevista en España.

Para la Fiscalía, “resulta obligado” tramitar la euroorden “teniendo en cuenta que el investigado se encuentra huido de la justicia española”.

El fiscal del Supremo solicita que la orden europea de detención sea enviada directamente para su cumplimiento a la autoridad competente para su ejecución en el citado país, concretamente la Fiscalía de Copenhague, sin que sea necesario introducir la citada eurorden en el sistema de información de Schengen al no encontrarse el investigado en ignorado paradero.