La postverdad ha llegado a la Justicia. No importa lo que diga la sentencia: hay que machacar al tribunal porque no ha resuelto conforme al veredicto del pueblo. Qué peligro.
Mientras una campaña iniciada en change.org solicitaba la 'inhabilitación' (sic) del tribunal que ha juzgado a La Manada, los jueces inundaban sus canales de comunicación internos de mensajes de apoyo a sus colegas navarros. El respaldo no se debía al fallo dictado -que algunos compartían pero del que otros disentían, me dicen- sino al hecho de que la Audiencia de Pamplona haya sido capaz de sustraerse a la intensa presión mediática y social que ha existido sobre este caso, hasta el punto de que pareciera que el tribunal no tenía otro margen que ratificar el veredicto de culpabilidad preinstalado en la opinión pública.
Una de las pancartas durante las protestas contra la sentencia.
Ésta es una de las pocas, por no decir la única, lectura positiva de todo este asunto: el 'juicio paralelo' realizado en los medios y en las redes -pura emotividad ajena a las reglas que rigen los procesos judiciales, a las técnicas de valoración de la prueba, a la interpretación de la ley, al conocimiento de la jurisprudencia- no ha influido en el juicio de verdad, el que correspondía hacer al tribunal.
Tenemos derecho a tener la seguridad de que los jueces que nos van a juzgar no van a decidir conforme al nivel de decibelios de la calle. Si los tribunales tienen que someterse a la presión social, todos estamos perdidos, se acabó el Estado de Derecho. Esto es una ingenuidad, seguro, pero me gustaría que todos aquellos que estos días han gritado contra los jueces de Pamplona llamándoles "escoria humana" y aludiendo a la violación de sus hijas se imaginaran por un segundo que son ellos mismos los que se sientan en el banquillo y que el futuro de sus vidas depende de un tribunal que tiene que hacer caso, sí o sí, a los que vociferan en las plazas.
Este sábado eran más de 1.200.000 los firmantes de la petición para inhabilitar a los magistrados de La Manada, supongo que prescindiendo de esas tonterías de la Constitución de que los jueces son inamovibles y sometidos "únicamente" a la ley y bla bla bla... Es mucho mejor tener jueces de quita y pon según nos gusten o no sus veredictos. Pero no quiero ni pensar que se inicie otra campaña de firmas en sentido contrario y logren reunir 1.300.000. ¿A quién hacemos caso entonces?
Los jueces están perplejos con el nivel de protesta que se ha desatado tras la sentencia de La Manada. A mi no me ha sorprendido. Muchas de las manifestaciones del jueves estaban convocadas desde días antes de la lectura del fallo bajo el lema #JusticiaPatriarcal y los líderes políticos que mejor mueven a la opinión pública a través de las redes se posicionaron desde el primer segundo en la dinámica de la deslegitimación de la decisión judicial. El tuit de Pablo Iglesias con los términos "vergüenza y asco" apareció a las 13.38 horas del 26 de abril, a los 15 minutos de que hubiera empezado la comunicación del fallo. Es obvio que descalificó al tribunal sin haber leído la sentencia, 370 folios en los que la mayoría de la Sala refleja con claridad que han dado credibilidad a la víctima. Esa es la verdad, pero tampoco importa: hay que machacar con el hashtag #yosítecreo, como si el tribunal no lo hubiera hecho.
Me asombra la osadía de quienes, no ya sin leer la sentencia sino en un caso en el que las principales pruebas no han sido públicas (el juicio se celebró a puerta cerrada, por lo que no conocemos de forma directa ni las declaraciones de la víctima ni los vídeos), son capaces de discernir entre el delito contra la libertad sexual cometido con prevalimiento y la agresión sexual perpetrada con intimidación. Sobre esto, que es el quid de la cuestión (puramente jurídica, no social), no se ponen de acuerdo ni siquiera los expertos.
No sé si la Audiencia de Pamplona se ha equivocado, pero tenemos uno de los sistemas penales más garantistas de Europa. Magistrados que han juzgado decenas de casos de agresiones sexuales y que han leído (varias veces) la sentencia de la polémica creen que los hechos probados proporcionan una base sólida para considerar que se produjo una agresión sexual. Éste es un fallo en la primera instancia, que va a ser revisado por el Tribunal Superior de Navarra y después por el Tribunal Supremo. Otro dato que la postverdad ha ocultado. Ello quiere decir que al menos otros ocho magistrados del más alto nivel van a reexaminar el caso. A ellos, y no a los que más chillen, les corresponde sentenciar a La Manada.
