El director del máster de Cifuentes ataca la investigación, que tacha de "inquisición general"

El catedrático Enrique Álvarez-Conde, suspendido cautelarmente como director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos tras la aparición de indicios de falsedad en el máster de Cristina Cifuentes, ha criticado en un escrito presentado este lunes la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que considera una "inquisición general".

Álvarez-Conde fue el director del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y tiene la condición de investigado en las diligencias abiertas por el Juzgado tras una denuncia de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma ha sido supuestamente falsificada en el acta de notas de Cifuentes.

La defensa de Álvarez-Conde ha presentado un recurso contra la decisión tomada el pasado 28 de mayo por la instructora, Carmen Rodríguez-Medel, de encomendar a la Policía Judicial la elaboración de un informe sobre si "en relación con cualquier alumno, existen hechos que deban ser puestos en conocimiento del Juzgado a la vista de las fechas de las calificaciones obrantes o su modificación o cualquier otra circunstancia".

"Resulta inequívoca la naturaleza prospectiva de la instrucción que está llevándose a cabo en estas diligencias del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, que inició una investigación en virtud de una denuncia formulada respecto del acta de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes para llegar a la formación —por el momento— de las piezas separadas C [sobre el máster del dirigente del PP Pablo Casado] y D [sobre presunta falsedad de convalidaciones de asignaturas a otros alumnos] y a las diligencias de investigación ordenadas el 28 de mayo de 2018", afirma el recurso.

El escrito sostiene que la investigación emprendida "incumple las normas del proceso penal" porque "las abundantes diligencias de investigación ordenadas so pretexto de 'esclarecer la posible continuidad delictiva' suponen en realidad que al Juzgado no le consta que exista realmente una continuidad delictiva y que lo pretende es hallarla como consecuencia de las pesquisas que ordena".

A su parecer, "la clase y el contenido de las diligencias de investigación ordenadas han convertido esta causa en una especie de 'inquisitio generalis' incompatible con el alcance, límites y fines del proceso penal en un Estado de Derecho".

Para Álvarez-Conde, "lo que realmente se persigue es abrir una causa criminal contra todos los profesores y/o funcionarios que tuvieron relación con la calificación a todos los alumnos del máster de Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos desde el curso académico 2009-2010 hasta su extinción (y por todos los hechos y circunstancias) durante años, convirtiéndoles en investigados —con los innegables perjuicios que ello conlleva— e iniciar una investigación prospectiva, en busca de alguna conducta ilícita".

Álvarez-Conde está citado a declarar como investigado el próximo día 25, fecha en la que también está convocado -en principio como testigo- el rector de la URJC, Javier Ramos.