Así fue la guerra de quinquis que acabó con un muerto de un tiro en la cabeza en Chamberí

Se reanuda el juicio por el asesinato de un anciano a manos de sus familiares, entre quienes estaba el hombre que murió de un disparo en una céntrica calle de Madrid.

La historia de las familias Romero y Fernández es la historia de la venganza. El pasado 10 de abril, casi todos los medios de comunicación se hacían eco de un asesinato en pleno centro de Madrid, en la calle Fernando el Católico del barrio de Chamberí.

Un hombre fue abatido a tiros mientras caminaba por la acera con su esposa y los padres de ésta. Una multitud de personas que se encontraba en la calle pudo presenciar la escena del crimen: tres hombres se acercaron a la víctima y le dispararon a una distancia muy corta. Una de las balas le alcanzó la cabeza y le provocó la muerte.

Pocas horas después, las fuerzas de seguridad ya sabían que el fallecido era Luis Romero Durán, de 31 años. Miembro de una familia 'quinqui' cuyos miembros están relacionados con los robos y el tráfico de drogas, tenía que comparecer seis días después en un juicio por el asesinato de su suegro Juan Fernandez San Segundo, del que estaba acusado igual que su esposa, Yolanda Fernández López, y sus padres, Rafael Romero Merino y Yolanda Durán Pajuelo. Todos salían precisamente del despacho de su abogado, Marcos García Montes, a quien habían ido a ver para preparar el juicio, que quedó suspendido por estos hechos.

Ojo por ojo

Los sospechosos de haber asesinado a Luis Romero son precisamente sus cuñados, los hijos del anciano asesinado presuntamente por él, sus padres y su esposa en septiembre de 2015. 

Así, disparándole a bocajarro y huyendo en un BMW que un día más tarde apareció calcinado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), habrían emprendido su propia 'vendetta'. Debieron preparar la escena como si se tratara de una recreación, pues fue prácticamente idéntica a la ocurrida en septiembre de 2015, cuando su padre perdió la vida.

En aquel momento -según los hechos que relata la Fiscalía y por los que los acusados se sentarán en el banquillo el próximo miércoles- Luis Romero, Rafael Romero, Yolanda Fernández y María Yolanda Durán "urdieron un plan para acabar con la vida de Juan Fernández San Segundo, padre de Yolanda Fernández (y a su vez suegro de Luis y consuegro de Rafael y María Yolanda) a causa de la enemistad previa existente entre las familias y con el que su hija, debido a dicha enemistad, no tenía relación afectiva desde hacía años". 

Según el Ministerio Público, Yolanda Fernández y María Yolanda Durán prepararon la huida de los cuatro mientras sus maridos, Luis y Rafael (padre e hijo) se dirigieron en un Opel Astra a la nave industrial 'Furgo Fer' situada en el polígono Valdefuentes de Arroyomolinos (Madrid).

Una vez allí y desde el vehículo (exactamente igual que ocurrió en abril de este año) dispararon hasta en cuatro ocasiones contra Juan Fernández San Segundo, de 65 años, con balas del calibre 9 mm. Uno de los disparos alcanzó al hombre y le provocó una hemorragia por la que murió. Después de los hechos, los cuatro huyeron a Sant Feliu de Guixols (Gerona) donde ya habían alquilado previamente un piso. Allí fueron finalmente detenidos y se les requisaron dos pistolas.

Cuando ocurrieron los hechos, Luis Romero Durán se encontraba de permiso penitenciario. Tenía cinco días para volver a la cárcel de Navalcarnero, en la que cumplía condena, por lo que habría aprovechado tal permiso para cometer el asesinato. Ni él ni ninguno de los otros acusados tenía licencia de armas.

Luis Romero Durán, ya fallecido, no podrá sentarse en el banquillo, pero sí podrán hacerlo los otros tres acusados. La Fiscalía les acusa de un delito de asesinato en concepto de coautores y un delito de tenencia ilícita de armas en concepto de autores, delitos por los que les reclama 18 años y 18 meses de prisión, respectivamente.

El Ministerio Público también solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la viuda de la víctima con 230.000 euros y a cada uno de sus cinco hijos (salvo a Yolanda por ser una de las acusadas) con 20.000 euros