La Fiscalía de la AN pedirá extraditar a García de Julia porque sus delitos no han prescrito

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que ni los delitos ni las penas impuestas en su día a Carlos García Juliá, el autor material de la matanza de los abogados de Atocha de 1977, han prescrito. Por tanto, informará a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le condenó a favor de que solicite su extradición.

La Fiscalía ultima el informe para pedir la extradición de García Juliá y que cumpla en nuestro país el resto de la pena por los cinco delitos de asesinato (uno con alevosía). En concreto, según un auto de 2001 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que ésta ya pidió su extradición, en aquél caso desde Bolivia, García Juliá todavía tendría que permanecer 3.855 días en prisión, 10 años y 9 meses.

Ahora, tras el informe favorable de la Fiscalía, la Sala debe emitir un auto ordenando los trámites de Extradición a las autoridades de Brasil, el país donde ha sido detenido. 

Dando tumbos por Sudamérica

García Juliá fue uno de los miembros del grupo de ultraderecha Alianza Apostólica que entró en el despacho de abogados laboralistas de Atocha -vinculado a Comisiones Obreras y Partido Comunista de España- la noche del 24 de enero de 1977 y mató a tiros a tres abogados, un estudiante de Derecho y un administrativo del despacho: Francisco Sauquillo, Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal y Enrique Valdelvira. Además, otras cuatro personas resultaron heridas. 

Por estos hechos, García Juliá ingresó en prisión preventiva en marzo del mismo año. En 1981, hubo sentencia firme contra él y continuó en prisión hasta 1991, cuando el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Castilla y León, con sede en Valladolid, le concedió la libertad condicional.

En 1994 el mismo juzgado le autorizó a viajar a Asunción (Paraguay) para cumplir con una oferta de trabajo con la obligación de presentarse una vez al mes en la Embajada de España en Asunción.

Sin embargo, no cumplió con dichas presentaciones mensuales, huyó de Paraguay, se trasladó a Bolivia y allí fue detenido por tráfico de drogas en 1996. Conocidas dichas circunstancias, el juzgado de Valladolid revocó su libertad condicional en un auto que adquirió firmeza en el año 2000, ordenando su ingreso en prisión.

Un año más tarde, en 2001, se tuvo conocimiento de que García Juliá estaba preso en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de Bolivia. La Audiencia solicitó su detención y extradición a España.

Sin embargo, García Juliá consiguió fugarse y, al parecer, moverse en libertad por países como Chile, Argentina o Venezuela. Finalmente se trasladó a Brasil, donde fue localizado y detenido finalmente hace unos días, pues todavía pesaba sobre él una orden internacional de detención.