Miquel Florit./
Certifican que la Policía "aparentemente" no accedió a los móviles incautados a periodistas
- El letrado de Justicia sólo garantiza que nadie entró en los teléfonos desde que él los custodió, pero antes estuvieron 22 horas en manos de la Policía.
- El juez Florit ordenó verbalmente a los agentes que llevaran los dispositivos al Juzgado el mismo día que se anunció la querella contra él.
- El TSJ de Baleares admite a trámite la querella de los periodistas contra el juez del caso Cursach
Los móviles y ordenadores incautados a periodistas de la agencia Europa Press y de Diario de Mallorca por orden del instructor del caso Cursach, Miquel Florit -una injerencia sin precedentes en la confidencialidad de las fuentes periodísticas que protege la Constitución- no han sido "aparentemente" manipulados durante el tiempo que estuvieron en manos de los policías que los requisaron.
Así lo ha certificado este viernes el letrado de la Administración de Justicia después de que Florit acordase devolver los dispositivos a los informadores tras "reexaminar" las diligencias abiertas por un presunto delito de descubrimiento de secretos y "revelándose en este momento una mengua importante de la necesidad y eficacia" de la medida.
Florit autorizó el pasado 11 diciembre el registro por la Policía de las sedes de Diario de Mallorca y Europa Press para requisar los teléfonos y ordenadores de dos periodistas que el pasado julio publicaron un informe policial sobre supuestas defraudaciones fiscales de Bartolomé Cursach, un conocido empresario de actividades de ocio nocturno en Baleares.
Florit autorizó también el "volcado y posterior estudio" de los dispositivos incautados "a fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados", unos policías que en el pasado estuvieron a cargo de las pesquisas contra Cursach. Dos agentes fueron detenidos el 18 de diciembre y puestos en libertad.
En 40 años de vigencia de la Constitución ningún juez, salvo Florit, había resuelto quebrantar el secreto de las fuentes periodísticas protegidas también por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la jurisprudencia de los tribunales en aras a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, especialmente en casos de corrupción.
La actuación judicial motivó la protesta de periodistas de toda España. Los informadores de tribunales expresaron su queja a la fiscal general, María José Segarra, dado que la Fiscalía respaldó la incautación de los móviles, y dirigieron un escrito al Consejo General del Poder Judicial.
A las 10 horas del 12 de diciembre -el mismo día que Europa Press y Diario de Mallorca anunciaron la presentación de una querella por prevaricación- Florit dio la orden verbal a la Policía de que llevara al Juzgado los dispositivos requisados a los periodistas.
"En caja fuerte con combinación"
"Desde el día y hora mencionados y hasta el momento de su devolución a sus titulares [este viernes], los dispositivos han permanecido bajo mi custodia -en caja fuerte cerrada con llave y combinación- sin que nadie haya tenido acceso a los mismos y sin que se haya realizado sobre los mismos operación alguna de apertura, análisis, copiado o volcado de sus datos", certifica el letrado de Justicia destinado en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca.
El funcionario es, en cambio, mucho más cauto sobre el período en el que los ordenadores y teléfonos han estado en poder de la Policía. "Aparentemente", señala la certificación, "los dispositivos se encontraban [al ser recibidos en el Juzgado] en el mismo estado y situación que en el momento de su intervención, según confirmación de la letrada de Justicia" que estuvo presente en los registros. En el momento de su incautación los accesos a los puertos de los ordenadores fueron sellados y los aparatos depositados, lo mismo que los móviles, en bolsas precintadas.
El 21 de diciembre, ya con la querella admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Florit acordó devolver los dispositivos a los periodistas, lo que se ha materializado este viernes. Los medios de comunicación afectados han anunciado que mantendrán la querella.
