La Fiscalía pide la imputación del BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García-Castellón que investiga el caso Tándem o caso Villarejo la imputación como persona jurídica del BBVA. En un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, solicitan que se investigue a la entidad por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. 

También piden al juez que desestime la solicitud del BBVA de personarse en la causa como perjudicado, es decir como acusación particular, puesto que el artículo 31 bis del Código Penal permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal de los delitos cometidos por las personas físicas. En la causa ya hay varios exdirectivos del banco investigados que han sido llamados a declarar, como el exconsejero delegado Ángel Cano, el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, su subordinada Inés Ochagavía, el también miembro del equipo de Seguridad Nazario Campo o el responsable de morosidad, Antonio Béjar.

Sin embargo, Anticorrupción no ha solicitado todavía que se cite como investigado a Francisco González (FG), expresidente del banco. Julio Corrochano, que era quien tenía relación directa con Villarejo en el banco, afirmó en uno de los audios incautados al comisario que era 'mi presi' quien le hacía los encargos.  

Los investigadores quieren que se aclaren los encargos y pagos presuntamente ilícitos del banco al entonces comisario en activo José Manuel Villarejo a través de su empresa Cenyt, quien habría facturado hasta 10 millones de euros por informes de seguimiento y espionaje para la entidad. 

Estos trabajos, según se investiga en la pieza secreta número 9 del caso Tándem, habrían consistido en la elaboración de informes de seguimiento y espionaje a distintos políticos y empresarios que intentaron asaltar el poder del banco a finales de 2004, entre ellos Luis del Rivero, presidente de Sacyr.

Para realizarlos, habría contado con la ayuda de colaboradores de sus empresas, entre ellos policías en segunda actividad, y con la connivencia de policías en activo que le habrían proporcionado datos confidenciales, según la investigación. 

"Áreas sensibles del banco"

Según ha informado este miércoles Anticorrupción, "el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y la documentación aportada por BBVA acreditarían que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo Pérez, afectaron a varias áreas sensibles del Banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal". 

Dichas contrataciones, según la Fiscalía, "habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial Grupo Cenyt con la condición de funcionario policial en activo de José Manuel Villarejo (cohecho activo) y que, además, en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos". 

Dádivas a directivos

Por otro lado, los investigadores se refieren a que algunos de los directivos investigados "habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones (delito de corrupción en los negocios)".

Para todos estos delitos, explica Anticorrupción, está prevista la responsabilidad penal del las personas jurídicas en los artículos 427 bis, 197 quinquies y 288 del Código Penal. De ahí que en el informe presentado por la Fiscalía se analice "pormenorizadamente la concurrencia de los elementos que, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas y descarta que la entidad BBVA pueda ser considerada como perjudicada en los hechos investigados, por lo que se ha interesado que se desestime su solicitud de personarse en la causa como acusación particular".

Durán pedirá imputar a todos los consejeros

El abogado Miguel Durán ha anunciado este miércoles que pedirá al juez instructor "la declaración e imputación de todos y cada uno de los responsables del gobierno corporativo del BBVA, especialmente, aquellos que tenían asumidas las funciones de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de cumplimiento que afectaban a la conducta de mercados, prevención de blanqueo y conflictos de intereses".

Durán presentó el pasado día 5 una querella en nombre de Luis Pineda, expresidente de Ausbanc, pendiente de admisión a trámite. En un comunicado del bufete se indica que "nos parece una cuestión increíble y extraordinariamente grave el hecho de que una entidad bancaria como el BBVA (que debe estar altamente ocupada y preocupada con la represión y prevención del blanqueo de capitales, como lo prueban las duras cautelas con las que las entidades financieras tratan a sus clientes), sin embargo, en este caso, el órgano responsable del Banco no haya detectado -o sí, y en tal supuesto lo habría tolerado- el pago de importantes sumas de dinero a un comisario de Policía en activo por servicios prestados a la entidad, siendo que, además, el pago de esos servicios se camuflaba a través de facturas falsas necesariamente inauténticas en cuanto que los servicios realmente prestados por los funcionarios públicos de policía no podían documentarse".

Añade que "resultará esencial traer al seno de este proceso al Departamento de Cumplimiento para que explique qué clase de supervisión existió -si es que existió- para que la corrupción sistémica de la entidad se prolongara durante más de una década sin que nadie denunciara estos graves hechos y que, desde el punto de vista del tan de moda compliance, habrá que analizar si estábamos o no ante un cumplimiento cosmético o ante un órgano que miraba hacia otro lado cuando tenía que hacerlo".