Juan Carlos Márquez, el exalto directivo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) investigado en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de dinero en contratos concedidos por la empresa estatal venezolana al exembajador español en aquél país Raúl Morodo y su hijo Alejo, se comprometió a colaborar con la Justicia para que la investigación avanzara dos días antes de suicidarse.
El juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción impulsaron una operación el pasado 20 de mayo contra el fallecido, su esposa, el exembajador Raúl Morodo, su hijo, un socio de éstos y su mujer por presuntamente hacerse con capital de la empresa PDVSA a través de un contrato de asesoría presuntamente ficticio con la sociedad Aequitas Abogados y Consultores, de Alejo Morodo, y recibir los pagos de hasta cuatro millones de euros en el paraíso fiscal de Panamá por medio de una cuenta con sede en Suiza, como contó EL ESPAÑOL en 2016.
Márquez acudió a declarar como investigado el pasado viernes y afirmó que colaboraría lo que hiciera falta para aclarar su papel entre PDVSA y las empresas de los Morodo, según fuentes jurídicas, puesto que su firma aparecía en los contratos entre la estatal venezolana y éstos y también estaba acusado de blanqueo.
El juez le citó de nuevo este lunes. Sin embargo, no acudió. La Policía le encontró ahorcado en una nave de Alcobendas (Madrid), según adelantó Vozpópuli.com y la autopsia ha confirmado que se suicidó, según el mismo diario. Las fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que, a pesar de su fallecimiento, se seguirá investigando su papel en la causa.
En la "red de corrupción institucional"
La acusación internacional contra altos cargos de PDVSA, que ha llevado a algunos de ellos a estar perseguidos por distintos tribunales de Estados Unidos (Texas, Florida o Washington) sitúa a Márquez dentro de la "red de corrupción institucional que expolió los recursos económicos de Venezuela al calor de Hugo Chávez y ahora blanquea dicho expolio con operaciones de inversión, sobre todo inmobiliarias, en países europeos como Francia y España", según trasladan fuentes jurídicas internacionales.
El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha investigado a distintos ciudadanos venezolanos en nuestro país por presunta "conspiración para el blanqueo de capitales" de fondos provenientes de la corrupción y el fraude cometidos por cargos de PDVSA. Una investigación que, como adelantó este diario, se ha trasladado también a la Audiencia Nacional.
Márquez fue secretario del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas de Petróleos de Venezuela cuando Rafael Ramírez, al que se sitúa como el director del desfalco de la mayor empresa estatal venezolana, era el presidente de PDVSA y ministro del Poder Popular del Petróleo y Minería.
Según la investigación del Tribunal de Florida que ahonda en el expolio de los recursos de las principales empresas públicas de Venezuela por parte de sus dirigentes, éstos habrían sacado hasta 20.000 millones de dólares anuales del país. Una de las artimañas utilizadas para hacerlo, según las fuentes citadas, habría sido la de los informes de asesoría fingidos con distintas empresas y asociaciones internacionales. Precisamente éste habría sido el procedimiento utilizado por Raúl Morodo y su hijo en connivencia con los altos mandatarios de PDVSA, según se investiga en la Audiencia Nacional.