Anticorrupción pedirá que Esperanza Aguirre declare como investigada por la financiación del PP

La Fiscalía Anticorrupción tiene decidido pedir al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la declaración como investigada de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, en el caso Púnica.

Lo hará en un amplio escrito que preparan las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá con el fin de ordenar el procedimiento, que empezó a tramitarse hace ya cinco años y cuya instrucción necesariamente deberá terminar, sin prórroga posible, antes del próximo 6 de junio.

El escrito es relevante porque delimitará los hechos a los que se ceñirá cada una de las dieciséis piezas del procedimiento y concretará qué personas deben tener la condición de investigadas en cada una de ellas de cara a una eventual acusación.

Es una tarea imprescindible porque, desde la presentación por Anticorrupción de la querella que dio origen al procedimiento en junio de 2014, el caso Púnica se ha convertido en una macrocausa de difícil gestión y con infinitas ramificaciones. Las diligencias abarcan desde las cuentas suizas del exconsejero Francisco Granados y el empresario David Marjaliza a la adjudicación de centenares de contratos públicos a cambio de supuestas comisiones ilegales en numerosos Ayuntamientos y cuatro comunidades autónomas (Madrid, Murcia, Castilla y León y Valencia).

Una de las piezas se refiere a la presunta financiación ilegal de las campañas del PP de Madrid. Es aquí donde Anticorrupción quiere que se cite a Esperanza Aguirre, necesariamente en condición de investigada porque en la causa han ido apareciendo datos incriminatorios que apuntan a que la expresidenta del PP de Madrid contó con una inyección extra de fondos, al margen de los límites legales, en las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011.

Existen también indicios de que empresas en la órbita del PP habrían organizado un entramado de facturas ficticias para encubrir pagos destinados a actos electorales del partido. Finalmente, hay datos que esas empresas pudieron verse favorecidas por la adjudicación de contratos públicos.

El origen de esa información fue una agenda manuscrita de Granados (que, además de alto cargo en el Gobierno de Aguirre, fue secretario regional del PP de Madrid) encontrada en el registro de su vivienda. Una de las hojas cuantifica un total de 2,1 millones de euros bajo el concepto in (entrada). La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó en un informe de febrero de 2016 que una parte de esos fondos, 500.000 euros, se los repartieron el propio Granados y el empresario Javier López Madrid, mientras que el resto "tendría como destinatario final del PP de Madrid en un importe final de 1.600.000 que habría recepcionado el entonces gerente Beltrán Gutierrez". El destino habría sido la campaña de las elecciones autonómicas de 2011, en las que Esperanza Aguirre consiguió su tercera mayoría absoluta. 

Anotaciones en la agenda de Granados./ E.E.

La UCO mencionó por primera vez de forma explícita la posible implicación de Aguirre en un informe mucho más reciente, entregado en la Audiencia Nacional el pasado 25 de marzo, en el que afirma que la expresidenta asistió a reuniones con Granados, Ignacio González y otros altos cargos de la CAM con el empresario argentino Daniel Horacio Mercado. En esos encuentros se dieron "instrucciones precisas" para que las Consejerías incluyeran a las sociedades de Mercado en los contratos de publicidad y comunicación, una forma de "recompensar" al empresario por sus trabajos para las campañas del PP en las elecciones de 2003 y 2007.

El último informe de los investigadores incorporado a la pieza de financiación del PP, el pasado junio, afirma que la empresa Indra (adjudicataria de millonarios contratos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, ICM) habría financiado con un total de 566.497 euros gastos de las campañas del PP madrileño en 2007 y 2011.

Esos fondos se destinaron formalmente a pagar cursos de formación contratados por Indra a la empresa Formaselect, vinculada a Óscar Sánchez Moyano. Pero se transfirieron de inmediato a distintas sociedades de Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz "para retribuir los trabajos" que otra de sus empresas, la consultora Swat, prestó al PP de Madrid para asesorar en la estrategia de comunicación en las campañas.

La exdirectora general de Medios del Gobierno madrileño, Isabel Gallego, declaró que Aguirre participaba en las reuniones de estrategia con Swat, aunque no dijo que en esos encuentros se abordaran cuestiones financieras.

Según la UCO, Indra también habría accedido a petición de ICM a subcontratar en 2012 a la empresa Eioco, de Alejandro de Pedro, que trabajó para el PP de Madrid en las elecciones de 2011 en trabajos relacionados con las redes sociales.

En una declaración prestada ante García-Castellón en febrero de 2018, Granados dijo que “me consta que había una campaña paralela y ajena al PP desde el punto de vista contable” para reforzar a Esperanza Aguirre como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2007 y 2011. Era una campaña “específica” para la expresidenta financiada, según dijo, por empresas públicas de la Comunidad de Madrid como el Consorcio de Turismo, PromoMadrid y Canal de Isabel II.