El expresidente andaluz Chaves, investigado por malversación tras ser condenado por los ERE

El juez de refuerzo para instruir el macrosumario de los ERE, José Ignacio Vilaplana, ha aceptado este martes la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una nueva pieza en la que se va a investigar al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con un préstamo-puente concedido hace 20 años a la antigua empresa alimentaria de Jaén Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa).

Las nuevas diligencias también afectan, por los mismos presuntos delitos, a Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia andaluz. Chaves y Zarrías fueron condenados el pasado 19 de noviembre a 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada por el fraude de los ERE, pero no se enfrentaron a peticiones de pena de cárcel al no ser acusados de malversación.

En un escrito fechado el 18 de noviembre -un día antes de que se conociera la sentencia de la llamada 'pieza política' de los ERE-, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra pidieron al Juzgado la iniciación de otra pieza para investigar la presunta responsabilidad de Chaves, Zarrías y otras 13 personas en la concesión de un préstamo-puente por importe de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros) a Hamsa, una empresa dedicada a la alimentación y con gran peso económico en la provincia de Jaén, que entró en suspensión de pagos en 1995. La sociedad fue comprada por la Junta de Andalucía y venida posteriormente a una filial de Campofrío.

La empresa pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) decidió el 29 de octubre de 1999 anticipar, mediante la concesión del préstamo, las subvenciones de pública concurrencia a la inversión y a la creación de empleo solicitadas por Campocarne Andalucía tras haber comprado Hamsa y con el fin de financiar las inversiones que eran necesarias para reflotar la empresa.

El acuerdo del IFA fue ratificado por el Consejo de Gobierno andaluz el 9 de noviembre de 1999, bajo la presidencia de Chaves.

Según Anticorrupción, "bajo el paraguas formal de un préstamo, se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne (...), lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación".

La apertura de la nueva pieza no es firme, ya que contra la decisión del juez cabe recurso.