El estigma de Delgado: medio CGPJ advierte del "riesgo de que el Gobierno influya en sus decisiones"

Con fórceps y con la institución dividida, el Consejo General del Poder Judicial ha validado este jueves la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general.

Lo ha hecho por 12 votos frente a 7, un respaldo endeble si se tiene en cuenta que este mismo Consejo ha informado sobre cuatro candidatos anteriores a fiscal general por unanimidad o por 20 votos de 21. En el caso de Delgado, además, dos de los vocales de la mayoría anunciaron un voto concurrente para expresar que, a su juicio, carece de la apariencia de imparcialidad necesaria para dirigir la Fiscalía debido a que pasará a ese puesto, sin solución de continuidad, desde cargos de fuerte componente partidista: diputada del PSOE (aún hoy) y titular de Justicia (hasta el pasado lunes).

Los 12 votos favorables fueron emitidos por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; dos vocales propuestos por el PP y los nueve consejeros propuestos por PSOE, IU y PNV.

Lesmes quiso preservar el consenso del órgano y no dar pábulo a una imagen de enfrentamiento institucional con el Ejecutivo a base de presentar una propuesta de mínimos, que eludía toda valoración de la idoneidad de Delgado.

"Cabe concluir que se cumplen en la candidata los requisitos exigidos por la legislación", señalaba la propuesta de Lesmes en referencia a las exigencias formales de ser jurista española de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional efectivo.

Ésta fue la única propuesta que el presidente sometió a votación. Con ese descafeinado aval, Delgado no logra que el órgano de gobierno de los jueces afirme su idoneidad para el puesto, lo que sí ha hecho con fiscales generales anteriores. Y tampoco se ha mantenido la unidad del Consejo: los siete vocales que quedaron en minoría han formulado un demoledor voto discrepante y otros dos presentarán un escrito concurrente que tampoco deja a la candidata en buen lugar.

Elogio a Segarra

Fue un debate serio, pero no a cara de perro y durante el que hubo expresiones de elogio al trabajo y la profesionalidad de la hasta ahora fiscal general María José Segarra, manifestadas por Juan Martínez Moya y José María Macías.

En la hora y media que duró el debate hubo también momentos surrealistas, como cuando la vocal propuesta por IU Concepción Sáez invocó la necesidad de un informe unánime. Justo ella ha sido la única que en dos ocasiones precedentes rompió la unanimidad, lo que ha hecho cuando las propuestas procedían de gobiernos del PP.

Sáez, por lo demás, no se sintió concernida cuando el vocal José Antonio Ballestero le preguntó si se había planteado abstenerse ya que Delgado la ha nombrado para el cargo discrecional que ocupa en la actualidad, responsable de la Mutualidad Judicial. Sáez anunció un voto concurrente para glosar la idoneidad que, a su parecer, reúne su benefactora para estar al frente del Ministerio Público.

Por el contrario, siete vocales propuestos por el PP (Nuria Díaz Abad, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero) afirman en su escrito discrepante que Dolores Delgado "no cumple, a nuestro juicio, con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica".

Argumentan, en primer lugar, que ser designada fiscal general "sin solución de continuidad e inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia, y habiendo sido propuesta siendo diputada, supone, a nuestro juicio, un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general".

Omisión en el currículo

Mencionan, en segundo lugar, su condición de diputada en las listas del PSOE. A este respeto, afirman que "llama la atención el hecho de que este aspecto no se ha hecho constar en el curriculum profesional que el Consejo de Ministros, por conducto del ministro de Justicia, ha hecho llegar a este Consejo".

Estas circunstancias "crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez que las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones", afirman.

También destacan la "dificultad que en la práctica puede plantear el hecho de que [Delgado] haya de abstenerse de intervenir en aquellos procedimientos judiciales de los que tuvo conocimiento en su etapa anterior como ministra de Justicia".

Se refieren al hecho de que la futura fiscal general puede verse afectada por la causa legal de abstención consistente en "haber ocupado cargo público (...) con ocasión del cual haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo". Sería, por ejemplo, aplicable al asunto del 'procés', en el que Delgado ha intervenido como responsable de la Abogacía del Estado.

Otra causa legal de abstención consiste en "haber ocupado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad".

Además, la legislación establece que cuando un juez o fiscal que hayan desempeñado cargos políticos reingresen en la carrera correspondiente "deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público". La aplicación de este precepto impediría a Delgado intervenir en casos como Gürtel, los ERE, el 3% y otros muchos que afectan a cargos públicos de distintos partidos. Algunos procesos en curso le afectan a ella personalmente, como el caso Villarejo.

Falta de credibilidad

Por su parte, los vocales Rafael Fernández Valverde y María Ángeles Carmona, propuestos por el PP, votaron a favor de la propuesta de Lesmes pero defenderán en voto concurrente que Delgado no reúne los estándares de apariencia de imparcialidad exigidos por la normativa y la jurisprudencia de los tribunales europeos, especialmente cuando una de sus misiones como fiscal general será defender la independencia de los tribunales.

Estos consejeros sostienen que la apreciación de la idoneidad de la candidata corresponde al Congreso, pero la función del CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, es hacer ver la dificultad de que vele por la independencia judicial alguien que sin solución de continuidad ha desempeñado funciones políticas, por lo que, a su parecer, no transmite la necesaria apariencia de credibilidad e independencia para el puesto de fiscal general.

Dos vocales propuestos por el PP (Wenceslao Olea y Vicente Guilarte) no participaron en el pleno y la vocal propuesta por el PSOE Pilar Sepúlveda lo hizo por videoconferencia.

La primera estación del particular via crucis de Dolores Delgado como fiscal general ha quedado, así, superada, aunque con el estigma derivado de las objeciones de casi la mitad del CGPJ, cuyo informe es preceptivo y no vinculante. La siguiente estación, previsiblemente más conflictiva, será la comparecencia en el Congreso.