La Fiscalía pide investigar a Podemos por los contratos con Neurona

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al juzgado de instrucción número 42 de Madrid que abra diligencias contra Podemos por los contratos de la formación morada con la empresa Neurona.

El Ministerio Público pide que se investigue la relación contractual del partido con la consultora en relación a los contratos suscritos para la campaña de las elecciones del 28 de abril. El Tribunal de Cuentas señaló en un informe que la formación de Pablo Iglesias podría haber incluido como gastos electorales algunas partidas que no lo eran.

Podemos contrató a Neurona Consulting para las elecciones de 2019. La compañía, de origen mexicano, está vinculada ala izquierda latinoamericana, y contó con uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, entre sus empleados.

Desde la formación explicaron a Tribunal de Cuentas que la empresa se dedicó a marcar las líneas de la campaña, de analizar a los candidatos que presentaron, coordinar equipos y a producir material para “potenciar el programa electoral y solicitar el voto”. 

Los hechos investigados parten de una denuncia del antiguo abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que ponía de manifiesto hasta cuatro presuntos delitos: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular, el acceso “inconsentido” al contenido del disco duro de una de las trabajadoras de la formación (Marta Flor Núñez), la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación “a dedo” de las obras de acondicionamiento del inmueble sito en la c/Francisco Villaespesa 18 de Madrid, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.

La Fiscalía sólo ha solicitado que se investigue este último, ya que considera que los otros se sostienen en base a “rumores, sospechas o suspicacias”. Sobre Neurona considera que hay "indicios racionales de la perpretación de un hecho delictivo" y que “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada “ad hoc” para la prestación del servicio”.

Uno de los elementos que llevan a los fiscales a apuntar a la compañía es que de sus cuentas no se desprenden "gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial .

Rechaza la nulidad

Podemos pidió la nulidad de la causa al no contar con la grabación completa de la declaración de Calvente al considerar que le causaría indefensión. El Ministerio Fiscal rechaza este punto porque “si lo desea no tiene más que solicitar una copia”.

Sobre los presuntos sobresueldos denunciados por el exabogado de la formación, no se ha detectado delito al analizar las cuentas entregadas por el propio Calvente. La Fiscalía pone de manifiesto que Podemos tenía entonces un límite salarial interno de tres salarios mínimos. Ninguna de las nóminas entregadas en sede fiscal superaba esa cantidad, excepto la de un empleado que tenía a un hijo de 20 meses a su cargo.

“No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”, precisa la Fiscalía. Es más, afirma que el cobro de cantidades por parte de trabajadores del partido por encima de las cantidades que el propio partido había fijado como límite ético podrá ser “discutible” desde su normativa interna pero “no constituye hecho típico alguno”.

Nueva sede de podemos

Sobre la adjudicación a dedo denunciada por Calvente de las obras de acondicionamiento del inmueble de la calle Villaespesa, en Madrid, la Fiscalía se remite a la normativa en materia de contratación de los partidos políticos, y explica que, pudiendo hacerlo, Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque según el denunciante concluía el periodo de arrendamiento de la oficina de la calle Princesa.

De la infracción aportada resulta que Podemos incumplió sus propias normas internas de licitación "con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos" pero que dicha circunstancia no reviste carácter delictivo.

No obstante, indica que otra cuestión es la diferencia entre el precio de adjudicación, 1,3 millones de euros, y el de licitación que era de 649.936 euros. Dado que la Fiscalía no cuenta con ningún elemento más para valorar la naturaleza delictiva de esta modificación al alza del precio final, se remite a la declaración del denunciante en sede judicial cuando señaló que "el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían".

Así, la Fiscalía aprecia que "ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1,3 millones euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo". En cuanto a la denuncia de contratos que podrían ser fraudulentos con ABD que contaría como comisionistas con el responsable de comunicación del partido Juan Manuel del Olmo y Mayoral, tampoco ve indicios.