Crece el apoyo en el CGPJ a plantear un conflicto ante el TC por privación de competencias esenciales

Desde el pasado 31 de marzo, el CGPJ, que lleva más de dos años en funciones, ha sido privado de una de sus funciones esenciales, realizar nombramientos discrecionales de cargos judiciales, a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por el PSOE y Unidas Podemos.

A los iniciales impulsores del planteamiento del conflicto constitucional de competencias -Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, Juan Manuel Fernández y María Ángeles Carmona- se han sumado en las últimas horas otros tres consejeros: Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Rafael Fernández Valverde.

Aun así, están lejos de conseguir la mayoría mínima precisa para que la iniciativa prospere, ya que son necesarios 11 votos. Ni el presidente, Carlos Lesmes, ni los vocales propuestos por PSOE ni los demás consejeros designados por el PP son partidarios de ir a lo que consideran un "enfrentamiento institucional" por una reforma que rechazan pero que, a su parecer, tiene su cauce jurídico correcto de impugnación a través del recurso de inconstitucionalidad y no del conflicto entre órganos constitucionales.

"Fraude constitucional"

Para los consejeros que respaldan el planteamiento del conflicto, en cambio, es "una obligación defender la institución a la que pertenecemos" porque se ha producido un "claro menoscabo" de las competencias que la propia Constitución encomienda al CGPJ y que no son disponibles para el legislador en su núcleo esencial. "No es una opción no hacer nada", sostienen.

A su parecer, "no se puede operar una privación de competencias constitucionales por medio de una ley orgánica".

Se trata, además, de un "fraude constitucional" porque lo que la reforma pretende, a tenor de lo que confiesa su propia exposición de motivos, es forzar la renovación del CGPJ.

Está previsto que la propuesta se presente este lunes y que se debata por el pleno del Consejo el próximo miércoles. En un principio la reunión se había señalado para el viernes, pero éste es el día que vence el plazo para dirigir, en su caso, al Congreso y al Senado el requerimiento que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige antes de presentar el conflicto ante el TC. El requerimiento tendría por objeto que el Parlamento rectifique la privación de competencias realizada.