Ocho vocales del CGPJ piden plantear un conflicto frente al Parlamento por la reducción de competencias

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha convocado un pleno extraordinario para la tarde del próximo miércoles después de que, tal como adelantó EL ESPAÑOL, ocho vocales hayan propuesto este lunes el planteamiento de un conflicto de atribuciones frente al Parlamento.

Los consejeros Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, Juan Manuel Fernández, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Rafael Fernández Valverde, todos ellos propuestos por el PP, han solicitado la reunión del pleno para que el CGPJ decida sobre la presentación ante el Tribunal Constitucional del conflicto de atribuciones frente a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por el PSOE y Unidas Podemos. Esta modificación ha privado al Consejo en funciones de una de las competencias esenciales que la Constitución le reserva, la de hacer nombramientos discrecionales de cargos judiciales.

En el orden del día de la reunión figuran otros dos puntos: el debate sobre si solicitar o no al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma y el examen de la contestación a las preguntas remitidas al Consejo General del Poder Judicial por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021.

Entre esas preguntas figuran dos relativas a la situación de la institución. Una de ellas interesa al CGPJ que informe a la Comisión Europea sobre "el estado de la cuestión en cuanto al procedimiento de nombramiento de los nuevos miembros del CGPJ" y cómo ha repercutido el hecho de estar en funciones en el trabajo del CGPJ.

Otra de las preguntas se formula en estos términos: "según la información de la que dispone la Comisión, recientemente ha entrado en vigor una nueva ley que modifica las competencias del CGPJ mientras éste permanezca en funciones ad interim. ¿Cuál es el impacto esperado de esta ley?".

Los consejeros partidarios de promover el conflicto de atribuciones consideran que es "una obligación defender la institución a la que pertenecemos" porque se ha producido un "claro menoscabo" de las competencias que la propia Constitución encomienda al CGPJ y que no son disponibles para el legislador en su núcleo esencial. "No es una opción no hacer nada", sostienen.

A su parecer, "no se puede operar una privación de competencias constitucionales por medio de una ley orgánica".

Se trata, además, de un "fraude constitucional" porque lo que la reforma pretende, a tenor de lo que confiesa su propia exposición de motivos, es forzar la renovación del CGPJ.

En este momento, sin embargo, este grupo de vocales está lejos de conseguir la mayoría mínima precisa para que la iniciativa prospere, ya que son necesarios 11 votos.

Ni el presidente, Carlos Lesmes, ni los vocales propuestos por PSOE ni los demás consejeros designados por el PP son partidarios de ir a lo que consideran un "enfrentamiento institucional" por una reforma que rechazan pero que, a su parecer, tiene su cauce jurídico correcto de impugnación a través del recurso de inconstitucionalidad y no del conflicto entre órganos constitucionales.