El Gobierno no se cree el 'ho tornarem a fer' (lo volveremos a hacer) en el que insiste por activa y por pasiva Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural que tuvo un papel clave en el 'procés' al movilizar a los independentistas para la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
"A pesar de la influencia que ejerce en la vida social catalana y de algunas de sus manifestaciones públicas, no ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto delictivo", señala el informe sobre el indulto a Cuixart, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El dirigente de Òmnium fue condenado por sedición a nueve años de cárcel, de los que ha cumplido tres años y casi ocho meses.
"El derecho de gracia aquí no entorpece los fines de prevención general a los que se debe orientar la pena", sostiene el Gobierno. "La base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley y ello se traduce en que nada ni nadie está por encima de ella. Tras la sucesión de los hechos enjuiciados en la referida sentencia, y la condena penal que impuso a sus autores, nadie en España duda de que la comisión de un delito, sea quien sea quien lo cometa y ocupe el cargo que ocupe, traerá consigo las consecuencias penales legalmente previstas".
"De hecho", añade, "ninguno de los referentes sociales del movimiento independentista ni de los responsables políticos autonómicos que, con posterioridad, han ocupado efectivamente cargos institucionales en Cataluña ha incurrido en comportamientos parecidos a los que dieron lugar a esa condena. Desde octubre de 2017, en Cataluña, las instituciones cumplen las leyes".
La amnistía, inconstitucional
El informe explica que el indulto no hace desaparecer el delito "a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional".
La amnistía es una reivindicación en la que ha insistido Cuixart no sólo públicamente sino también en su último escrito al Tribunal Supremo, en el que afirmaba que "no ha presentado ninguna solicitud de indulto y ha manifestado en reiteradas ocasiones de manera pública que como preso político su prioridad no es salir de la cárcel sino la resolución del conflicto político por el que cumple condena, empezando por la amnistía como respuesta colectiva en lugar del indulto como solución individual".
Cuixart también ha reiterado su voluntad de "volverlo a hacer". Lo dijo en su intervención final durante el juicio del 'procés' y hasta ha escrito un libro con ese título.
Alegato final de Jordi Cuixart
Pero el Gobierno de Sánchez cree que el riesgo de reincidencia de Cuixart es "mínimo", de acuerdo con los informes de la Administración penitenciaria catalana. "El informe de conducta, que consta en el expediente [de indulto], evidencia su mínimo riesgo de reincidencia. Igualmente destaca el cumplimiento de las normas por parte del condenado y su respuesta positiva a la confianza depositada en él durante los permisos penitenciarios. Desde el punto de vista penitenciario, el condenado responde al tratamiento y cumple con las normas".
Como a los demás indultados, la medida de gracia no se extiende a la pena de inhabilitación. El Gobierno considera que ello "permite asegurar los fines de prevención general y especial de la pena". Cuixart no podrá desempeñar cargo público alguno hasta el total cumplimiento de los nueve años de inhabilitación a los que fue condenado, aunque en su caso este dato tiene poca relevancia porque el hecho de no ser cargo público no supuso ningún obstáculo para cometer en 2017 los hechos por los que fue condenado. En todo caso, Jordi Cuixart no tendrá ninguna posibilidad de acceder a las instituciones públicas hasta el 10 de octubre de 2028.
Condición
Además, se le ha indultado a condición de que no cometa un nuevo delito grave en los próximos cinco años.
"Esta medida refuerza los fines de prevención especial que acompañan a la pena de inhabilitación", dice el informe, ya que esa condicionalidad supone que, en caso de comisión de un nuevo hecho delictivo, la medida de indulto quedaría sin efecto.
El plazo de condicionalidad se entiende ajustado "a las circunstancias personales, a la actitud que ha manifestado el penado y a la duración de la pena impuesta".
"A diferencia de otras personas condenadas en la misma causa o que comparten su ideario político, Cuixart ha mantenido la reivindicación de los hechos que llevaron a su condena. Por ese motivo y a pesar de que su pena de privación de libertad es inferior a la de otros condenados con responsabilidades institucionales, se estima, en su caso, adecuada una individualización de la condicionalidad que conlleve un plazo superior", argumenta el ministro de Justicia, Juna Carlos Campo, en su propuesta motivada.