La doctora Pinto pide 6 años de cárcel para López Madrid por contratar a Villarejo para acosarla

La acusación particular que ejerce la doctora Elisa Pinto en el caso Tándem ha pedido seis años de cárcel para el empresario Javier López Madrid por un presunto delito de cohecho al haber contratado al policía en activo José Manuel Villarejo con el fin de hostigarla para que no le denunciase por acoso.

La abogada que representa a Pinto, Ana Blanco, reclama la misma pena para el excomisario Villarejo y dos años de cárcel para el socio de éste, Rafael Redondo, como cómplice.

La acusación se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordara el pasado 27 de julio dar por concluida la investigación, apreciando indicios para que los tres acusados se sienten en el banquillo.

Es el segundo proceso en el que Pinto ejerce la acusación contra López Madrid. El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid también ha visto motivos para que sea juzgado por presuntos delitos de amenazas, lesiones e intento de homicidio, entre otros, por los que se enfrenta a una petición de pena de 22 años de cárcel. El empresario, consejero delegado del Grupo Villar Mir, se encuentra involucrado también en los casos Lezo y Púnica por presuntos delitos de corrupción.

El escrito de acusación presentado por Pinto en el caso Tándem afirma que en los últimos meses de 2013 López Madrid contactó con Villarejo a través del financiero Donato González para que el comisario, que entonces estaba adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, montara una operación de acoso y descrédito de Elisa Pinto para evitar que ésta le denunciase por perseguirla.

Una agenda delatora

El comienzo de los contactos entre López Madrid y Villarejo fue reflejado en la agenda del segundo. Tras anotar "Madrid sigue adelante con el tema", el policía escribió "entrega 10 a cuenta". La acusación particular sostiene que se refiere al pago de 10.000 euros.

"A partir de 2014", indica el escrito de acusación, "Villarejo se dedicó a hostigar a Elisa Pinto para evitar que denunciase a Javier López por acoso. A partir del mes de abril, cuando Pinto denunció por vez primera a Javier López, José Manuel Villarejo accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas y manipulando la investigación policial".

En el teléfono móvil de López Madrid se encontraron decenas de llamadas con Villarejo, a pesar de que "el terminal fue objeto de una manipulación o borrado previo a su entrega en el Juzgado".

En el móvil del empresario también se encontraron mensajes con los entonces comisarios José Luis Conde y Enrique García Castaño. Sobre éste hay anotaciones en la agenda de Villarejo, entre ellas una escrita en marzo de 2014 según la cual "Javier Madrid quería cita para plantear estrategia. Dice que hoy se veía con Big [alias de García Castaño] para preparar denuncia, pero quiere ciertos matices".

"Finalmente Javier López interpuso esa denuncia contra Elisa Pinto el 17 de marzo de 2014, pero no lo hizo en un Juzgado ni en una Comisaría sino ante el Grupo 5 de extorsiones y secuestros, instantes después de haber visitado con su abogado al comisario Conde", señala el escrito de acusación.

Relación con policías

López Madrid también mantuvo una "estrecha relación" con el inspector Alberto Carba, instructor de la previa denuncia interpuesta por Pinto.

"Este agente de Policía [Carba] envió varios correos electrónicos a López Madrid comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones, llegando a advertirle cuándo iba a finalizar el secreto de sumario. Estas comunicaciones se desarrollaron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre del 2015. Meses antes, Alberto Carba se reunió en su despacho con Javier López y le tomó declaración sin presencia del secretario, eludiendo investigar las relaciones confesas de éste con Villarejo".

El escrito de acusación propone que en el juicio declaren como testigos García Castaño, José Luis Conde, Alberto Carba y el comisario Andrés Gómez Gordo. Este último -también imputado en el caso Kitchen, como García Castaño- "fue designado directamente por el director adjunto de la Policía Eugenio Pino para que realizara un informe que desacreditara las investigaciones que en la comisaría de Chamartín se estaban haciendo sobre el comisario Villarejo".

Gómez Gordo también habló con el entonces secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez -igualmente imputado en la pieza Kitchen- sobre cómo retrasar la rueda de reconocimiento a la que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid había citado a José Manuel Villarejo. En esa diligencia, Pinto reconoció a Villarejo como la persona que le agredió con un objeto punzante mientras le decía "López Madrid quiere que cierres la boca".