El callejón sin salida de la triple recusación de Puigdemont: el TC no tiene quórum ni para tramitarla

Puigdemont, junto a los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos prófugos de la Justicia, alegan la "carencia manifiesta de imparcialidad" de Arnaldo y Espejel para resolver los numerosos recursos de amparo que están relacionados con el 'procés'.

Pero, además, el escrito presentado el pasado jueves reclama que González-Trevijano no intervenga en la decisión sobre la recusación de Arnaldo dada la amistad existente entre ellos.

"González-Trevijano debe abstenerse de cualquier participación en el presente incidente de recusación en lo relativo a su amigo y 'eterno compañero en el viaje de la vida' Enrique Arnaldo", señala mediante otrosí el texto de la recusación. Se refiere a una afirmación de Arnaldo en la presentación de su libro Tiempo de Constitución, en la que alude al actual presidente del TC como "prologuista de este libro y mi eterno compañero en el viaje de la vida: inteligente, culto, mesurado, extraordinaria persona, generoso, claro y grandísimo jurista".

Menos de ocho

Pese a su reciente renovación, la situación del TC en lo relativo a los recursos sobre el 'procés' no es holgada en cuanto al quorum.

La ley orgánica que regula el funcionamiento del tribunal establece que podrá adoptar acuerdos "cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan". Integrado por 12 miembros, el quorum actual es de ocho magistrados.

De esos 12, dos están abstenidos en los asuntos del 'procés'. Antonio Narváez se apartó el pasado 16 de febrero tras ser recusado por Puigdemont por una conferencia impartida en noviembre de 2017 en la que habló de la existencia en Cataluña de una "crisis grave que se ha calificado de desafío" y que consideró "un golpe de Estado encubierto". Cándido Conde-Pumpido hizo lo propio el 7 de abril tras ser recusado, igualmente por Puigdemont, por una intervención en la que manifestó que lo que estaba sucediendo en Cataluña en el otoño de 2017 era un intento de "derrocar la Constitución".

De los 10 restantes hay que quitar a Arnaldo y Espejel, los dos recusados, lo que deja el quorum justo en ocho magistrados, que en realidad son siete porque Alfredo Montoya se encuentra de baja por enfermedad. A ello se suma la recusación de González-Trevijano, que rebajaría a seis el número de integrantes del pleno del tribunal para resolver sobre Arnaldo.

La (aparente) imposibilidad de resolver afectaría no ya a la estimación o no de las recusaciones sino a la propia admisión o inadmisión a trámite del incidente, que exige el mismo quorum.

Ello incidiría en la paralización de los siete recursos de amparo que tiene planteados Puigdemont sobre diferentes aspectos relacionados con el proceso soberanista, desde el rechazo a que pudiera delegar su voto como diputado del Parlament tras las elecciones catalanas de diciembre de 2017 a las decisiones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo denegando su proclamación como eurodiputado electo o la negativa de la Sala Penal a dejar sin efecto las órdenes de detención nacional, europea e internacional. También está recurrida en amparo la decisión del Supremo de dirigir un suplicatorio al Parlamento Europeo para que levantara el privilegio de la inmunidad, lo que la Eurocámara hizo el pasado 9 de marzo.

Antecedente

Fuentes del TC afirman, no obstante, que, si lo que Puigdemont pretende es colocar al tribunal en un "callejón sin salida", es difícil que lo consiga.

"Esto no es nuevo", señalan estas fuentes, que recuerdan que el Constitucional ya se enfrentó a un problema de falta de quorum a raíz de las recusaciones en bloque de cinco magistrados presentadas en el proceso relativo a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en mayo de 2007.

Esa modificación de la LOTC fue recurrida ante el Constitucional por el Grupo Popular del Congreso. Ello dio lugar a la abstención de la entonces presidenta, María Emilia Casas, y del vicepresidente, Guillermo Jiménez, al estar afectados directamente por la reforma, que les prorrogó sus mandatos.

Entonces el Gobierno recusó a Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo, y el PP hizo lo mismo con Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez-Tremps.

El TC, presidido en funciones por Vicente Conde, resolvió primero las recusaciones promovidas por el PP y las inadmitió a trámite en una reunión del pleno de la que formaron parte los cinco magistrados recusados.

El tribunal reiteró entonces una doctrina establecida en 1986 según la cual existe "un límite para la admisión de abstenciones y recusaciones: el de que no se impidiera con ellas el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal y que pudiera quedar respetado el quorum mínimo del artículo 14 de la LOTC".

"La aplicación efectiva de dicha doctrina, cuando se infrinjan esos límites, no puede hacerse sino por un colegio que integre a los magistrados recusados" ya que el TC tiene la necesidad de "defender el ejercicio de su jurisdicción", añadió.

En aquella ocasión, el TC recordó que esta institución no tiene un sistema de sustitución de sus magistrados, lo que unido a la exigencia de un mínimo para la adopción de acuerdos "puede desembocar, si no se adoptan medidas para evitarlo, en la paralización, inaceptable de principio, del ejercicio de la jurisdicción".

Las recusaciones

El escrito de recusación firmado por el defensor de Puigdemont, Comín y Ponsatí, Gonzalo Boye, se basa, en el caso de Enrique Arnaldo, en el contenido de varias publicaciones del magistrado en las que "tomó posición" sobre el proceso secesionista catalán y mostró su "animadversión" hacia los recurrentes.

Resalta que Arnaldo fue uno de los 500 catedráticos y profesores universitarios que el 17 de septiembre de 2017 firmó un manifiesto titulado Parar el golpe en el que se pedía a los poderes públicos que adoptaran "todos los medios constitucionales" para impedir el referéndum independentista ilegal del 1-O.

También alega que Arnaldo ha escrito una monografía sobre los aforamientos en la que se refiere -en genérico- al fuero de los eurodiputados ante el Tribunal Supremo, lo que es materia de algunos de los recursos de amparo pendientes en el TC.

Sostiene, además, que el magistrado mantiene una "amistad íntima" con dos de los jueces de la Sala Penal del Supremo que juzgaron el 'procés', Manuel Marchena y Antonio del Moral; fue amigo del fallecido fiscal general José Manuel Maza, que firmó la querella que dio inicio a la causa pena, y lo es también de Manuel Delgado-Iribarren. Este último ha defendido, como director de secretaría técnica de la Junta Electoral Central, acuerdos adoptados por este órgano ratificados por el Tribunal Supremo y que ahora están impugnados en el Tribunal Constitucional.

Afirma, finalmente, que Arnaldo tiene una "estrecha relación" con el PP, partido que "ha manifestado reiteradamente su interés en el encarcelamiento" de los dirigentes del proceso independentista unilateral de Cataluña. Esa relación la deduce de noticias periodísticas, de las manifestaciones del diputado socialista Odón Elorza y de la presencia del consejero de la Comunidad de Madrid Enrique López en un premio a Arnaldo.

Una supuesta "estrecha vinculación al PP" se predica también de Espejel sobre la base de la asistencia de Dolores de Cospedal a la imposición de una medalla a la magistrada, motivo que ya fue rechazado en su día por la Audiencia Nacional para apartarla del caso Gürtel.

Espejel es recusada por su pertenencia, como mera afiliada de base, a la Asociación Profesional de la Magistratura, que en su cuenta de Twitter ha emitido mensajes críticos con el independentismo.

Pero la recusación se basa, sobre todo, en que la magistrada emitió un voto particular en el que defendió que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, debió ser condenado por sedición por su actuación durante el 1-O. Para los recusantes, existe una "clara relación" entre la causa que se siguió contra Trapero en la Audiencia Nacional y la causa del 'procés' que tramita el Tribunal Supremo.

Fuentes de TC han expresado su temor a que ese mismo argumento -la intervención en el juicio a Trapero- lleve ahora a Vox a incrementar la panoplia de recusaciones dirigiendo una contra Ramón Sáez, que fue ponente de la sentencia que absolvió al mayor de los Mossos. Vox ejerció la acusación popular en el juicio del 'procés' y es parte en muchos de los recursos de amparo pendientes. 

También han recusado a Espejel y Arnaldo los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, que consideran que "tanto sus declaraciones públicas como sus relaciones personales y de afinidad ideológica denotan una clara predisposición o prejuicio favorable a las tesis defendidas por las acusaciones y desfavorable, en cambio, a los planteamientos de su defensa".