La guerra de sus socios contra la Constitución complica la reforma que impulsa Sánchez

Un ataque furibundo que coincide temporalmente con el empeño del Gobierno de España por modificar la Constitución. Un empeño, eso sí, en el que no todos los socialistas son igualmente vehementes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, abría este domingo la puerta a "reformas puntualísimas". Pero mucho más firme fue la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, en el acto institucional celebrado el pasado viernes en la Real Casa de Correos: la Carta Magna no es "pétrea" y debe "volver a las demandas y a las necesidades de su tiempo".

Pero la idea de una modificación de la norma suprema no convence a la oposición, que considera que no se dan las circunstancias para una decisión tan importante. Mucho menos si es para, como piden las formaciones separatistas, que se de "el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho de autodeterminación" y así País Vasco, Cataluña o Galicia puedan "decidir su modelo político y relación con el Estado".

"No estamos a favor de abrir ese melón. El Gobierno está sujeto a unos socios que lo que quieren es acabar con la igualdad de los españoles y la soberanía nacional", defienden fuentes del Partido Popular en conversación con EL ESPAÑOL.

Una lectura similar a la que hace Ciudadanos a través de su diputado Guillermo Díaz: "El marco en el que se plantea es erróneo. Lo importante es para qué es la reforma: si es para ampliar los derechos, bienvenida, pero el Gobierno la quiere para contentar a una minoría política que quiere cargarse nuestro país. La reforma constitucional no puede darse para debilitar al Estado y mucho menos si con ello se pretende contentar a quien no se va a contentar nunca".

Díaz sostiene que "está bien que la Constitución esté bien protegida para que sólo pueda ser reformada cuando estemos cerca del consenso", y los populares apuntan también en este sentido: "No se dan los consensos de la Transición". Una Transición que, paradójicamente, está siendo "deslegitimada" por el Gobierno, que ha pactado una enmienda a la Ley de Memoria Democrática que deja sin efecto parte de la Ley de Amnistía y expande los "crímenes" del franquismo hasta 1982, cuando Felipe González llegó a Moncloa. Y todo ello como guiño a ERC antes del acuerdo en los Presupuestos.

Los socios del Gobierno

La guerra es ya larga y los dos bandos están muy bien diferenciados. Por un lado, la extrema izquierda y las formaciones separatistas. Por el otro, la Constitución del 78. Y en el primero no sólo estarían los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, sino también sus compañeros de coalición: Unidas Podemos.

La formación de ultraizquierda es partidaria de impugnar gran parte del marco constitucional, desde la unidad de la nación española -a través de un "derecho a la autodeterminación" que no está recogido- hasta la Monarquía parlamentaria.

Aunque la formación otrora liderada por Pablo Iglesias ha moderado el radicalismo de algunas de sus pretensiones y mensajes iniciales ("romper con el candado del 78"; "abrir un proceso constituyente"; "asaltar los cielos"...), sus ministros siguen atacando a las instituciones desde dentro. A sus constantes embates a Felipe VI, se suman sus descalificaciones a los jueces, que han provocado duras reprimendas del Consejo General del Poder Judicial a Ione Belarra.

Pero aún más belicosos son ERC y- especialmente- Bildu en su pugna con los preceptos constitucionales. De hecho, desde la coalición abertzale que lidera Arnaldo Otegi han instado en numerosas ocasiones al Gobierno de España a "romper con el régimen del 78".

En su programa electoral, además, anidan propuestas como celebrar un referéndum de autodeterminación, defender a la ciudadanía vasca "frente a los ataques del Estado Español", frenar a la derecha "fascista", trabajar para que los presos de ETA estén "en casa", "combatir el Régimen del 78", acabar con la "venganza" de la Justicia "machista" y "con la impunidad de las fuerzas policiales"... Entre otras perlas de dudoso encaje constitucional.

En total, 66 diputados contrarios a la Constitución (de extrema izquierda o nacionalistas) han apoyado los Presupuestos Generales del Estado, que ha contado con 188 votos favorables: Unidas Podemos (34), ERC (13), PNV (6), Bildu (5), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1) y Nueva Canaria (1). Más de un tercio de quienes han sacado adelante las cuentas públicas postpandemia.

Nuevo plantón

La guerra de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez con la Constitución continuará este lunes, día en el que la Carta Magna cumple 43 años. ERC, PNV, Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Compromís y BNG no asistirán a la celebración oficial que tiene lugar todos los años en el Congreso de los Diputados. Una práctica que repiten desde hace años para visibilizar su postura contraria al orden constitucional ("régimen del 78", en su argumentario habitual).

Pero este plantón tiene la particularidad de llegar sólo dos semanas después de que estas formaciones, con sus votos, hayan avalado los PGE, garantizando así la estabilidad del Ejecutivo en Moncloa hasta el final de la legislatura.

Al acto sí asistirán, como todos los años, representantes del PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Coalición Canaria, Unión por el Pueblo Navarro (UPN), Partido Regionalista Cántabro (PRC), Nueva Canarias, Foro Asturias y Teruel Existe. Falta por confirmar la presencia de Vox y Más País. Santiago Abascal gusta de aprovechar la efeméride para viajar a Cataluña a expresar su defensa de la Constitución, mientras que Íñigo Errejón, partidario de la reforma, ya se ha ausentado en otras ocasiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá después de haber defendido este domingo la Constitución como sinónimo de "democracia" y "bienestar", así como "hoja de ruta del Gobierno de España". Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, "defenderá" la Carta Magna "ante los ataques de los socios de Sánchez", según confiesan desde su entorno, que manda un recado a Moncloa: "La Constitución se defiende y reivindica los 365 días del año. No uno ni dos, como hace Sánchez".