Dos acusados de contratar a Villarejo admiten que les dio datos secretos y otra dice que les estafó

Dos de los directivos acusados de contratar en 2013 al excomisario Villarejo para espiar a un bufete rival han reconocido que el antiguo mando policial les facilitó datos obtenidos ilegalmente. 

Así se han pronunciado en la Audiencia Nacional Mario Carpintero López (director de Marcas de Herrero & Asociados) y Álvaro Martínez Muñoz (director financiero). Ambos han declarado este lunes tras haber pactado con Fiscalía en el marco de la pieza Iron de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades supuestamente ilícitas del expolicía.

Por su parte, María Ángeles Moreno (entonces directora de Marcas Internacionales) ha declinado pactar con el Ministerio Público y ha manifestado sentirse "estafada" por las labores encargadas al excomisario. El bufete en el que los tres trabajaron también aparece acusado en esta pieza como persona jurídica.

Carpintero ha detallado ante el tribunal que el objetivo por el cual su despacho contrató a Villarejo era el de defender los intereses de la empresa, tras la salida escalonada en 2012 de parte del personal para conformar otro bufete rival, denominado Balder, de quienes sospechaban que se habían llevado consigo la base de datos informática.

Por estas labores, habrían abonado al comisario 302.500 euros de forma opaca, simulando, presuntamente, unos servicios ficticios bajo los que enmascarar el desembolso. 

Villarejo, según el relato de Carpintero ante el tribunal, les facilitó datos bancarios, fiscales y sobre procedimientos judiciales, que los contratantes pretendían incorporar en una denuncia que presentarían después ante la Policía.

En las reuniones con el excomisario que Carpintero ha reconocido, este último habría "intuido" que parte de lo abonado al mando policial se habría utilizado para pagar a otros funcionarios, tras las insinuaciones del excomisario. "Pero no sé si se materializó y a quién", ha matizado.

Por su parte, Álvaro Martínez Muñoz, quien ha reconocido que era director financiero, aunque "sin poder para firmar un cheque", ha precisado que fue Carpintero quien tenía la "última palabra" en la contratación de Villarejo.

Martínez Muñoz también ha recordado alusiones al "pago de funcionarios" y ha confirmado la recepción de datos "fiscales y particulares, personales, aunque sin mucha utilidad" del bufete de la competencia. El pago de más de 300.000 euros más IVA abonado a Cenyt (la empresa del excomisario), en su opinión, "no fue tan descabellado".

Por su parte, María Ángeles Moreno, socia minoritaria en Herrero & Asociados, ha tachado de "estafa" las labores ejecutadas por Villarejo y ha declarado que el expolicía no le explicó a ella, durante una reunión, cómo obtenía los datos que les facilitaba. "Yo no vi nada ni recibía nada", ha manifestado. "Yo era ajena a los asuntos económicos", ha añadido.

María Ángeles Moreno ha declarado que el informático del bufete que tenía en su poder una copia de seguridad de la base de datos "acabó en Balder, a pesar de haber dicho un día antes que se iba a montar una churrería a su pueblo". Ello hizo "saltar las alarmas" en Herrero & Asociados.

Aludiendo a su condición de socia minoritaria, Moreno ha reiterado que no tenía capacidad de intervenir en las contrataciones. Según ha narrado, fue su hermana, investigadora privada en los años 90, quien les recomendó la "multidisciplinar" Cenyt. "Nunca presencié la entrega de nada ilegal", ha afirmado Moreno, tajante.

Asimismo, ha manifestado que gran parte de la información que les facilitaba Villarejo ya era conocida por Herrero & Asociados. "Creo que nos tomaron el pelo (...), me sentí estafada", ha añadido.

Los tres acusados sí han coincidido en señalar que Villarejo nunca les dijo que fuera policía en activo."A esa condición siempre se refería en términos pasados (...), hablaba siempre de su antiguo gremio", ha rememorado Moreno.

No obstante, esta última ha aseverado que Villarejo "hablaba de que en el cuerpo [de Policía] tenía amigos, porque había sido comisario durante años". Y, según su relato, el expolicía habría manifestado a Carpintero que "los Gobiernos" le pedían "favores".

Fiscalía pide 57 años para Villarejo

Por estos supuestos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de prisión para el comisario jubilado, al que acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Según el relato del Ministerio Público, Villarejo, junto a varios de sus socios, accedieron a información de carácter administrativo y tributario del bufete rival del que le contrató, así como a datos personales de sus fundadores.

Para Rafael Redondo, su socio en el Grupo Cenyt, principal empresa matriz del conglomerado de Villarejo, Anticorrupción pide 51 años de prisión y para la esposa del primero, Gemma Alcalá, medio siglo de cárcel. Para Enrique García Castaño, apodado El Gordo y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, 52 años.

Asimismo, este lunes, el tribunal que juzga esta pieza separada ha rechazado el incidente de recusación formulado por Villarejo, que reprochaba a los jueces de la Audiencia Nacional un "prejuicio personal" en su contra. Los magistrados han reprendido al comisario jubilado su "mala fe y abuso del derecho" al ejecutar este movimiento procesal.