El PP pide a Pedro Sánchez que "rompa su silencio" y llame a Aragonès para que cumpla la ley en Canet

El Partido Popular, como es sabido, rechaza de plano "ese marco". Y además atribuye a la precariedad parlamentaria de Sánchez que "siga en silencio ante el apartheid lingüístico a los derechos de un niño, acosado él y sus padres, por el Gobierno catalán" en Canet de Mar. "Lo que tiene que hacer el presidente es llamar a Aragonès y obligarle a cumplir la ley", remarca un portavoz de la dirección nacional de Pablo Casado a este periódico.

Desde que se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que imponía a la Generalitat de Cataluña el respeto a los derechos de los niños (y de sus padres) a recibir la enseñanza en los dos idiomas cooficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma, el jefe del Ejecutivo no se ha expresado en público.

Ese fallo, además, llegaba sólo 10 días después de que adquiriera firmeza otra sentencia del TSJC. Aquélla que obliga al Govern a impartir un mínimo del 25% de enseñanza en español dentro del sistema educativo de Cataluña.

"Hoy, el presidente del Gobierno de España está escondido, rehén de sus pactos con los separatistas", acusa Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, en charla con EL ESPAÑOL. 

Desobediencia y hostigamiento

El pasado 3 de diciembre terminó de estallar la polémica, porque el consejero catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, no sólo se volvía a negar a aplicar las resoluciones judiciales, ni tan siquiera alentaba la "desobediencia" en una carta a los directores de los centros escolares catalanes. Esta vez llegó a amparar las manifestaciones de acoso al menor de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), y a su familia.

Y porque en la semana y media transcurrida entre ambas resoluciones judiciales, Moncloa se mantuvo en silencio, e incluso el Ministerio de Educación admitió que no instaría a las autoridades catalanas a ejecutar la primera sentencia. Adujeron fuentes oficiales del departamento de Pilar Alegría que no era su responsabilidad, sino del propio tribunal, hacer cumplir su fallo.

El consejero catalán de Educación, Josep González Cambray, en una comparecencia en el Parlament. EP

La realidad es que el Ministerio puede, y debe, hacerlo. Puede por haber sido la parte denunciante en este proceso. Y debe, al menos, cuando hayan pasado "dos meses" desde que el 23 de noviembre el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de la Generalitat y dio firmeza a la sentencia. Así lo marcan los artículos 103.1) y el 104.2) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que indican que "cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa".

Hasta ahora, ni Sánchez ni su ministra de Justicia, Pilar Llop, han dicho esta boca es mía. Sólo lo han hecho la ministra portavoz, obligada ante preguntas en la sala de prensa de Moncloa tras un Consejo de Ministros, y este lunes, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE.

Isabel Rodríguez se mostró "contraria" a todo acoso y "partidaria, por supuesto" de cumplir las resoluciones judiciales. Felipe Sicilia, por su parte, puso el foco más en "la utilización política" del caso que, a su juicio, está haciendo el PP, que en la campaña de hostigamiento a la familia del niño de cinco años de Canet.

Desde el Partido Popular rechazan la acusación, incluso con desasosiego. Así lo hizo Pablo Montesinos, su vicesecretario de Comunicación, en charla con EL ESPAÑOL: "Lo que le exigimos a Sánchez es que rompa su silencio, llame a Casado y mandemos un mensaje de unidad: la ley se tiene que cumplir en toda España, también en Cataluña". 

Lo cierto es que los padres del menor se vieron obligados, este lunes, a hacer pública una carta agradeciendo las muestras de solidaridad, recordando que no quieren "ser héroes, sino padres", y pidiendo a quienes los apoyan que "lo que nos decís en privado lo hagáis también en público".

Por ahora, tanto Ciudadanos como el Partido Popular sí que han mostrado ese apoyo en público. En el caso de los liberales, dos eurodiputados han iniciado sendas acciones ante la Comisión Europea. Maite Pagazaurtundua informó al gobierno europeo sobre estos hechos, como un caso flagrante de "vulneración de derechos civiles". Ello podría provocar que Bruselas amoneste a España, como hizo antes con los gobiernos de Hungría y Polonia por la vulneración de los derechos del colectivo LGTBI.

Por su parte, José Ramón Bauzá -que impulsó leyes por el trilingüismo cuando presidía el Govern de Baleares- se reunió de urgencia con el comisario de Justicia el pasado jueves. Didier Reynders se comprometió a "supervisar personalmente" el cumplimiento de estas sentencias y se mostró particularmente preocupado con el caso de Canet.

El PP, por su parte, ha mandado una carta al Defensor del Pueblo [consúltela aquí en PDF], reclamándole su intervención. Ángel Gabilondo, de hecho, se refirió al caso hace apenas una semana y se puso de perfil, asegurando que no había evidencias de acoso ni de incumplimiento judicial, al menos de momento.

La líder del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, también se reunió con la cúpula de Sociedad Civil Catalana en Bruselas, para denunciar el "nacionalismo totalitario y excluyente" y el acoso "a la familia catalana por pedir clases en castellano".

Este miércoles, en la sesión de control del Congreso, el presidente del PP forzará a Sánchez a pronunciarse sobre el asunto. Según ha podido saber este diario, entre otras cosas, le recordará que tiene a su disposición a los 100 senadores del PP para "imponer un 155 educativo en Cataluña" si el Govern de Pere Aragonès "se sigue negando a cumplir la ley y las sentencias judiciales".

Pero en el Partido Popular no tienen muchas esperanzas. "Basta ya de privilegios a cambio de unos escaños en el Congreso", sentencia Montesinos. "Le hemos hecho insistentes emplazamientos públicos, que no han sido contestados ni por él ni por el PSOE".