La juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha acordado la libertad provisional del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, por la llamada Operación Mito, la causa por la que fue imputado por tratar de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado para, supuestamente, blanquear el dinero obtenido con la droga.
Miñanco fue detenido por estos hechos en febrero de 2018, cuando disfrutaba de un régimen de semilibertad. Los investigadores le seguían la pista desde el año 2016. Sin embargo, a pesar de esta última decisión judicial, el histórico narco seguirá en la cárcel, ya que fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y nueve meses de prisión en abril de 2021.
A petición de la Fiscalía Antidroga, la magistrada Tardón ha ordenado, además de la libertad de Bugallo, la de los siguientes encausados: Luis Enrique García Arango, Francisco Valle Parraga, Juan Antonio Fernández Fernández, Manuel González Rubio y Raymond Van Rij.
Lo ha hecho, detallan fuentes de la Audiencia Nacional, ante la cercana expiración del plazo máximo de cuatro años que la ley permite de prisión preventiva, que vence el próximo 31 de enero.
Asimismo, además de la dictada por el Tribunal Supremo, Prado Bugallo fue condenado por sentencia firme en febrero de 2006 a 16 años y 10 meses de cárcel por tráfico de drogas y organización criminal.
Por estos hechos, además de Sito Miñanco, fueron penados otros dos investigados en esta presente causa para los que también se acuerda ahora la libertad: García Arango y Fernández Fernández.
La juez, a aquellos investigados que no tengan que cumplir otras penas de prisión, les impone la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte, así como la obligación de comunicar a la Justicia cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la tramitación de esta causa.
La instrucción de la Operación Mito se encontraba ya concluida y elevada la causa a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, pero fue devuelta al Juzgado de Instrucción tras la extradición a España del último de los investigados, José Luis Correa, a finales del pasado diciembre, con el fin de que fuera incluido en la misma.
Las pesquisas le sitúan como parte del grupo de correos humanos a los que habrían recurrido Miñanco y sus subordinados para ocultar y enviar a Colombia los beneficios de sus operaciones de narcotráfico. Ante la juez, Correa negó su participación en estos hechos y, tras declarar, Tardón también le dejó en libertad provisional.
En una pieza separada de la causa, se encuentra procesado el abogado Gonzalo Boye Tusquets, quien ejerce la defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, o del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.
A Boye se le atribuye un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial.