Un relevante sector del CGPJ, reacio a dar el plácet al informe que respalda la ley de vivienda

El órgano de gobierno de los jueces tiene previsto pronunciarse sobre el anteproyecto de ley pactado, con ocho meses de retraso, por los socios de la coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha convocado un pleno extraordinario porque el Ejecutivo quiere dar luz verde al proyecto el próximo martes y no ha accedido a la petición de una prórroga del plazo para emitir el informe, que es preceptivo.

Numerosos vocales del Consejo cuestionan que el anteproyecto configure como un derecho constitucional subjetivo el acceso a la vivienda, algo que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo niegan, y recuerdan que el artículo 47 de la Constitución está dentro del capítulo dedicado a los principios rectores de la política social y económica.

Dado ese "erróneo" -sostienen- punto de partida, el texto propuesto por el Gobierno incurre en contradicciones, como su falta de claridad sobre la forma de exigibilidad del derecho a la vivienda, esto es, qué y a quién podrá reclamarse.

Esa falta de concreción es puesta de manifiesto en el informe propuesto por el vocal ponente, Álvaro Cuesta, en el que se indica que "la caracterización del derecho a la vivienda como tal derecho –constitucionalmente establecido-, trascendiendo su carácter de mero principio rector, requiere la articulación normativa de los medios para hacerlo efectivo", pero "la norma deja sin concretar los medios de tutela del derecho", más allá de las reglas generales del Derecho Administrativo y Civil.

La propuesta de dictamen, pese a su aval general al anteproyecto, pone en evidencia otros déficits. Señala, así, que también existe una "falta de concreción" a la hora de establecer las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.

"Se echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de intervención proyectadas, evaluando los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de las medidas adoptadas sobre la base de un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno e incluso en el nuestro", señala el informe, en referencia a que la limitación de precios en zonas residenciales tensionadas ya se aplica en Cataluña.

Para varios vocales, el reconocimiento de esas faltas de claridad y la admitida ausencia de justificación de la medida central del anteproyecto desmienten la valoración global positiva que pretende incluirse en el informe del ponente.

Junto a ello, hay consejeros contrarios a la amplitud con la que se introduce la acción pública para defender ante los tribunales el cumplimiento de la legalidad en materia de vivienda. Otros vocales rechazan la "invasión" de competencias autonómicas en una iniciativa legislativa que el Gobierno justifica en la necesidad de establecer en todo el territorio nacional unas bases y garantías uniformes del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Pero el logro de esa finalidad es puesto en cuestión en el propio informe del ponente. Aunque el anteproyecto no lo especifica, las competencias autonómicas en materia de vivienda determinan que tengan que ser las Administraciones autonómicas las competentes para acordar la declaración de 'área tensionada' a efectos de aplicar limitaciones de rentas de alquiler. El dictamen propuesto indica que, "siendo así, la norma verá fraccionada su efectividad, que no será homogénea" al depender de los diferentes criterios de las autoridades autonómicas. Y lo mismo sucederá con la previsión relativa al sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda.