El diputado Alberto Casero afronta un delito penado con cárcel: el fiscal ve también malversación

Casero, hasta ahora secretario de Organización del PP, miembro de la Junta Directiva Nacional y fontanero del ex secretario general Teodoro García Egea, fue el diputado que el pasado 3 de febrero hizo que la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez fuera convalidada por un solo voto de diferencia: precisamente el suyo.

Él sostuvo que se había producido un error en el sistema de votación telemática del Congreso, lo que los servicios de la Cámara descartaron por completo, atribuyendo el voto favorable de Casero a una equivocación suya. El asunto ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, donde el Grupo Parlamentario Popular y el propio Casero han presentado demandas de amparo.

La Sala Penal del Tribunal Supremo recibió el pasado 18 de febrero la exposición razonada de la jueza de Trujillo Patricia Gutiérrez, que ha estado investigando contratos y acuerdos firmados por Alberto Casero cuando era alcalde de esa ciudad omitiendo los requisitos esenciales de la contratación pública: no siguió procedimiento administrativo alguno, no intervinieron los órganos competentes, no hubo publicidad y la adjudicación fue a dedo.

El caso se centra en cinco contratos firmados por el entonces alcalde en 2017 y 2018 en los que se comprometieron fondos del Ayuntamiento de Trujillo por la adjudicación de servicios sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. 

El primero de ellos fue firmado por Casero a favor de P.B., contratado como psicólogo para prestar servicios al Ayuntamiento en el área de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.

Casero "no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto", afirma la jueza en la exposición razonada elevada al Supremo.

"Tampoco consta que P.B. realizara efectivamente los servicios por los que presentó factura desde julio hasta octubre de 2017, y ello teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con las víctimas de violencia de género se canalizaban a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación por parte de P.B.", añadía.

El segundo fue un convenio marco de cooperación interinstitucional rubricado por Casero con la Cámara de Comercio de Perú en España sin la previa aprobación del Pleno y sin, ni siquiera, resolución de la propia Alcaldía. Tampoco informó a los servicios económicos ni jurídicos del Ayuntamiento, ni aportó la copia del convenio a la Intervención.

En el tercer contrato, Casero acordó verbalmente con la Asociación Cultural Bon Vivant que la gala anual de entrega de premios denominada Pop Eye se celebrara en Trujillo, para lo cual el Ayuntamiento aportaría 18.000 euros como patrocinio institucional.

"No informó a los servicios competentes del Ayuntamiento, no tramitó expediente administrativo de contratación ni, al ser un contrato menor por el importe, tampoco incorporó, como debía, un informe del órgano de contratación que motivara la necesidad del contrato y la aprobación del gasto", señala la jueza.

El cuarto fue un contrato menor por 14.303 euros más IVA firmado por Alberto Casero con la empresa Ícaro Consultores de Comunicación para la organización de la Feria Internacional del Queso. De nuevo, Casero "no informó a los servicios competentes ni aportó el contrato ni tuvo informe previo del órgano de contratación". El tipo de contrato fue inadecuado y el Ayuntamiento no podía firmarlo en solitario, al depender ese evento de un consorcio.

Casero suscribió otro contrato relacionado con la Feria del Queso. Lo firmó el 20 de diciembre de 2018 con la empresa Radio Interior para la realización de servicios de comunicación y promoción. La jueza sostiene que no cabía acudir al procedimiento de un contrato menor ya que la cuantía era superior a los 15.000 euros y, además, se trataba de una prestación periódica (el evento se repetía desde hacía siete años), "debiendo ser licitado en procedimiento abierto".

El interventor puso reparo al pago de las facturas, lo que hizo que los proveedores acudieran a los tribunales. En varios casos los Juzgados condenaron al Ayuntamiento al pago de las cuantías reclamadas.

Un delito con cárcel

Terminada la investigación esencial y al no poder continuar sin tomar declaración a Casero (aforado ante el Tribunal Supremo por ser diputado), la jueza de Trujillo elevó las diligencias a la Sala Penal.

Apreció indicios de un único delito, prevaricación, dado que el cargo de alcalde pudo ser utilizado "para imponer la voluntad de la autoridad, perjudicando los intereses generales de la Administración Pública al eliminar arbitrariamente la libre competencia" en la contratación.

Pero ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo agrava la posición de Casero al considerar que, además de la prevaricación, pudo incurrir en malversación de fondos públicos.

El diputado del PP se puede enfrentar a una pena de cárcel, ya que ese delito está sancionado con un mínimo de dos años de prisión. La prevaricación, por su parte, le haría perder el cargo en virtud de las penas de inhabilitación establecidas.

La Fiscalía afirma en su dictamen que "del contenido de la denuncia [presentada por la Fiscalía de Cáceres] y de la exposición razonada remitida por el Juzgado se constata la existencia de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos que habrían sido cometidos por Alberto Casero en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y que se concretan en la celebración de determinados acuerdos y contratos de servicios, con diversas personas y entidades, comprometiéndose al pago de las correspondientes prestaciones dinerarias pero sin sujetarse a los procedimiento administrativos legalmente establecidos".

La Fiscalía pide a la Sala Penal que declare su competencia, abra la causa y nombre un instructor.

Problemas en el partido

En caso de que el Supremo acoja el criterio del Ministerio Público y Casero sea llamado a declarar como investigado (en principio, de forma voluntaria o, de otro modo, mediante suplicatorio), el diputado podría verse sometido a un expediente informativo en el seno del Partido Popular.

Los estatutos del PP prevén la apertura de un expediente cuando "un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público, o realice conductas que estén tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se hayan cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos a los que los presentes estatutos sujetan a los afiliados al Partido Popular".

El Comité de Derechos y Garantías del partido puede determinar en estos casos la suspensión de funciones o de militancia del implicado, "lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto", señalan los estatutos.

En función del tiempo que el Tribunal Supremo tarde en decidir y, en su caso, en citar a declarar al diputado, éste puede ser uno de los primeros asuntos que tendrá que resolver el futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.