Siete expresidentes del TC califican de "vergüenza" el retraso de los políticos en renovar las instituciones

El incumplimiento de los plazos que marca la Constitución, la elección de candidatos que no siempre reúnen el grado de "excelencia" necesario o la falta de transparencia en los procesos selectivos han sido abordados en el primer debate público que ha reunido a los siete presidentes eméritos del Tribunal Constitucional, una cita inédita que ha tenido lugar en el Senado en el marco del XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

El encuentro, presentado por Yolanda Gómez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, ha sido inaugurado por el presidente del Tribunal Constitucional. Pedro González-Trevijano ha aprovechado su intervención para denunciar la "infracción de los derechos y libertades más básicos" que se está produciendo con la agresión de Rusia en Ucrania, que calificó de "escándalo moral".

Los siete presidentes eméritos del TC, en el Senado este miércoles./ E.E.

Le escuchaban siete de sus antecesores, los juristas que han dirigido el TC en los últimos 29 años: Miguel Rodríguez-Piñero, Álvaro Rodríguez Bereijo, Pedro Cruz, María Emilia Casas, Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos y Juan José González Rivas. Todos ellos destacaron el papel esencial que el Tribunal Constitucional ha desempeñado en el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas y en la creación del Estado autonómico.

El moderador del debate, Ricardo Alonso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, metió el dedo en la llaga y les preguntó por el retraso de las fuerzas parlamentarias en renovar el TC. Pese a que la Constitución establece que el tribunal debe ser renovado por tercios (cuatro magistrados) cada tres años, ha habido demoras notables, como la que afectó a Maria Emilia Casas.

Ella misma calificó de "inadmisible" que tuviera que permanecer en el TC tres años más de los debidos "porque se quería que una determinada composición resolviera el recurso contra el Estatuto catalán", afirmó.

"Hay un desprestigio notable de la clase política que afecta al TC", manifestó Rodríguez-Piñero. "Dentro de la clase política hay personas que no aceptan la lealtad constitucional. No hablo sólo ya de los separatistas, sino de personas que en su manifestaciones no parten de los valores constitucionales sino de sus valores políticos".

"Espero que haya más lealtad constitucional en los que tienen que nombrar en la próxima renovación [que debe producirse el próximo junio] y que la desvergüenza que supone que el Consejo General del Poder Judicial esté prorrogado desde hace tres años desaparezca pronto", añadió.

"Los retrasos son una vergüenza que llevamos mucho tiempo sufriendo, una irresponsabilidad de los agentes políticos, que deberían cuidar de las instituciones", opinó Rodríguez Bereijo.

Quien fuera presidente del TC entre 1995 y 1998 manifestó que "el pensamiento guía que tiene que presidir la renovación del TC lo dijo Francisco Tomás y Valiente: 'el tribunal gana o pierde prestigio por lo que hace, pero también con lo que con él se hace'".

Francisco Pérez de los Cobos consideró que "el retraso en renovar no beneficia a nadie y desprestigia a todos". Presidente del TC entre 2013 y 2017, señaló que las cuotas -es decir, el reparto de los puestos en función de la representatividad de las fuerzas parlamentarias- "vulneran el espíritu del texto constitucional".

"La Constitución llama a que sean nombrados magistrados del TC quienes tengan una excelencia acreditada, que debe responder a la opinión común de la comunidad jurídica", sostuvo Pérez de los Cobos. "Y hay que atender al perfil psicológico del candidato, que entienda la posición del otro, que esté abierto a la transacción, al compromiso. Porque de eso, y no de inteligencias berroqueñas, está hecho el pacto constitucional".

Pascual Sala y Juan José González Rivas, exmagistrados también del Tribunal Supremo, se refirieron a la situación del actual Consejo General del Poder Judicial, que debió ser cambiado en diciembre de 2018, y consideraron que es "un escándalo".

La renovación de junio

Al CGPJ le corresponde designar dentro de tres meses a dos magistrados del TC, lo que no podrá hacer si el propio Consejo no es renovado o si no se modifica la ley que, desde marzo de 2021, le impide hacer nombramientos discrecionales por el hecho de estar en prórroga de mandato. 

También en junio el Gobierno deberá nombrar a otros dos miembros del Constitucional.  

Pedro Cruz reclamó "transparencia" en la renovación del tercio del TC que compete al órgano de gobierno de los jueces y al Ejecutivo.

"Por lo que respecta a este turno, hasta ahora no ha habido el menor atisbo de transparencia en estos 40 años. Para los otros turnos se han incorporado las audiencias en las Cámaras de una forma no realmente muy ejemplar, porque los partidos suscriben un pacto de hierro en el que ningún diputado que quiera seguir en la política puede permitirse apartarse de él. Pero la cuota del Gobierno, que es peculiar en el Derecho comparado, ese plus a la mayoría política existente, tendría que dejar de ser una prerrogativa o privilegio del Gobierno de turno cada nueve años", indicó.

Cruz recordó que "cuando el Gobierno debió proponer un nombre para juez en el Tribunal de Justica de la Unión Europea organizó un procedimiento formalizado en el que concurrieron personas valiosísimas. Es un procedimiento perfectible, pero fue un modesto comienzo. Me pregunto si el Gobierno puede ser menos transparente a la hora de proponer a los dos magistrados del TC que a la hora de proponer a un juez para el TJUE. Y eso vale también para el CGPJ".

María Emilia Casas compartió esa idea y añadió que también conviene "hacer un análisis de cuál era la estructura de la composición del TC en su origen y cuál es ahora", en referencia a que en este momento son muchos más los magistrados del Constitucional procedentes de la Judicatura que de la cátedra.