Anticorrupción seguirá investigando el contrato de Tomás Ayuso en paralelo a la Fiscalía Europea

La fiscal general, Dolores Delgado, ha decidido esta tarde respaldar la posición del fiscal jefe anticorrupción, avalando que no ceda a la representante española en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, las diligencias de investigación que Alejandro Luzón abrió en febrero sobre el contrato de mascarillas anti-Covid en el que intermedió Tomás Díaz Ayuso.

El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró una comisión de la empresa Priviet Sportive tras ser adjudicataria de ese contrato, valorado en 1,5 millones de euros. El dueño de esa mercantil, Daniel Alcázar, es amigo desde la infancia de Isabel y Tomás Díaz Ayuso.

Tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano asesor de la fiscal general en materia doctrinal y técnica, Delgado ha confirmado el borrador de decreto que llevaba a la reunión, unánimemente respaldado por los miembros del sanedrín. hasta el punto de que no ha sido precisa ni siquiera una votación.

En el decreto, conocido por EL ESPAÑOL, se argumenta que las conductas que investiga Anticorrupción "afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales". En ellas se dirimen presuntos delitos de tráfico de influencia, falsedad documental o negociaciones prohibidas a funcionarios. Es decir, presuntas infracciones penales ajenas a las competencias de la Fiscalía Europea.

¿Quién pagó?

Este órgano ya ha iniciado una investigación sobre el contrato en el que intermedió Tomás Díaz Ayuso tras presumir que la Consejería madrileña de Sanidad pudo financiarlo a través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Este extremo no está muy claro. Luzón ha explicado en la reunión de los fiscales de Sala que la Comunidad de Madrid pudo pagar las mascarillas con su propio presupuesto y posteriormente solicitó fondos europeos para aplicarlos a ese gasto. Pero este dato no es seguro porque Sabadell ha negado a Luzón el informe del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) en el que la representante española en la Fiscalía Europea se ha basado para reclamar a Anticorrupción la totalidad de la investigación sobre el contrato.  

La Fiscalía Europea, en funcionamiento desde junio de 2020, es competente para investigar y acusar a los responsables de las infracciones penales que perjudiquen a los intereses financieros de la UE, "así como a  los delitos que están indisociablemente vinculados" con los que son de su competencia directa.

Sabadell ha pretendido asumir la investigación de Luzón al considerar su objeto "indisociablemente unido" a los supuestos delitos de fraude, malversación y cohecho que va a investigar en las diligencias que abrió el pasado 16 de marzo.

Pero, de acuerdo con el decreto de Delgado, "a diferencia de la investigación que ha iniciado la Fiscalía Europea, concerniente a los intereses financieros de la Unión Europea, la asumida por la Fiscalía Anticorrupción se refiere a delitos de corrupción. Se pretende aclarar si un funcionario contrató con una empresa determinada inducido por su superior; si un particular obtuvo de una empresa una remuneración indebida a cambio de ejercer influencias sobre un funcionario público; o si un particular pudo emitir a una empresa una factura con datos inveraces respecto de la causa o cuantía de tal remuneración".

Se trata, por tanto, de conductas que "no se encuentran indisociablemente vinculadas" a los delitos objeto de investigación por la Fiscalía Europea.

La mención a Ayuso

Delgado ha aceptado eliminar del borrador de decreto una alusión relativa a que las diligencias de Anticorrupción "atañen a delitos que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación en tales conductas de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, persona aforada ante el Tribunal Supremo español".

Este párrafo va a ser suprimido con el fin de que quede claro que es un asunto exclusivamente competencial y que el decreto de la fiscal general no está haciendo ninguna valoración sobre el fondo del caso ni sobre la supuesta implicación de ninguna persona.

El primer conflicto de competencias que se ha planteado entre la Fiscalía Europea y un órgano nacional del Ministerio Público se ha saldado, pues, con una rotunda victoria de Anticorrupción, que mantiene su competencia.

Pero, en la práctica, la situación se ha vuelto más comprometida para los investigados, que ahora se enfrentan a dos diligencias y no sólo a una.

Delgado ha descartado el planteamiento de la cuestión prejudicial sugerida esta mañana por la Fiscalía Europea. En un escrito enviado a la fiscal general cuyo contenido se reproducía en un comunicado público, la Fiscalía Europea "lamentaba" la controversia y reivindicaba su competencia.

"Para evitar duplicidades y en interés de la defensa, el Reglamento de la Fiscalía Europea establece una competencia prioritaria para que ésta investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea", sostenía.

A su parecer, "en una situación de conflicto de competencias, siempre debe considerarse la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de las UE", por lo que "se ha solicitado al fiscal general que considere seriamente esta opción".

Los fiscales de Sala han considerado esta sugerencia llamativa, teniendo en cuenta que la cuestión prejudicial sólo se puede plantear entre órganos jurisdiccionales y la Fiscalía no lo es.