El Gobierno ve posibilidad de amplio acuerdo sobre las medidas anticrisis pese a la "gesticulación" general

El Gobierno cree posible un amplio acuerdo sobre las medidas contra la crisis económica adelantadas por Pedro Sánchez este lunes y que serán aprobadas el martes en Consejo de Ministros. Prevé “gesticulación política” de la oposición, pero cree que han sido bien acogidas por todos los grupos en los primeros contactos, salvo Vox que se autoexcluyó.

Los partidos que apoyaron la investidura no objetan las medidas, aunque las consideren insuficientes, y el PP lamenta que lleguen tarde y no se incluyan bajadas de impuestos, aunque fuentes populares admiten que será difícil votar en contra cuando llegue al Congreso. Ciudadanos quiere que se tramite como proyecto de ley para poder incluir enmiendas y modificaciones.

La noche del domingo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, contactó con la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, para comunicarle las líneas generales de las medidas. Sin detalles, porque a esa hora seguían negociando los equipos de PSOE y Unidas Podemos.

No cerraron el acuerdo hasta la mañana del lunes, poco antes de la intervención pública de Sánchez. El PSOE rechazaba, por ejemplo, limitar la subida de los alquileres por entender que afecta a contratos en vigor, y fue necesario buscar y apoyarse en jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tampoco contemplaba la subida del Ingreso Mínimo Vital, a pesar de que el Presupuesto del Ministerio de Inclusión tiene disponibilidad.

Sobre las 23.00 horas del domingo, Bolaños llamó al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. “Os va a gustar porque hemos aceptado algunas de vuestras propuestas”, le dijo en referencia al documento que Ciudadanos le entregó hace casi diez días sin haber obtenido respuesta. Le concretó que no habría nuevas bajadas de impuestos y que sí se ampliaba el bono social como pedían los naranjas.

Entre la noche del domingo y la mañana del lunes, el ministro habló con todos los portavoces para pedirles apoyo al decreto, aunque sin enviarles el texto concreto de la norma. De hecho, Aitor Esteban, portavoz del PNV, lamentó en Twitter que el contacto con Bolaños fue sólo de cinco minutos por teléfono el lunes por la mañana. “Ahora estoy informándome a través de los medios sobre lo que ha explicado el presidente en su conferencia”, añadía el portavoz de uno de los partidos que sostienen al Gobierno.

Algo parecido ocurrió con ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, recibió una llamada de cinco minutos este lunes.

Posible apoyo del PP

Poco después, cuando el presidente del Gobierno hizo públicos los detalles, Moncloa remitió información concreta a esos portavoces.

El Ejecutivo intentará que no se tramite como proyecto de ley, como le han pedido partidos como Ciudadanos, porque la mayoría de las medidas tienen efecto hasta el 30 de junio, tres meses, tiempo necesario para la tramitación parlamentaria, y porque considera que hacerlo puede provocar inseguridad jurídica, pues supondría la revisión de todas las medidas que ya estarán en vigor desde el miércoles.

Alberto Núñez Feijóo, que asumirá el sábado el cargo de líder del PP y de la oposición, criticó que se incumpla el acuerdo de la Conferencia de Presidentes que habla de bajadas de impuestos. Las medidas no incluyen nuevos recortes de impuestos y sólo prorrogan las bajadas aprobadas en junio y prorrogadas en diciembre sobre el recibo de la luz.

Aun así, es posible el acuerdo, una prueba de fuego para la nueva etapa del PP tras la defenestración de Pablo Casado.

La respuesta desde la izquierda es considerar que van en buena dirección, aunque el decreto sea incompleto y se felicitan de que no haya nuevas bajadas generalizadas de impuestos.

Así, Bildu asegura que las medidas “aunque puedan ir en la dirección correcta, son insuficientes y se quedan cortas: su aplicación se limita hasta el 30 de junio. No abordan de manera estructural el problema de fondo ni transforman el sistema energético que nos ha traído hasta aquí y ha provocado esta situación de emergencia”.

Para Bildu es positivo que se limiten los alquileres, que suba el Ingreso Mínimo Vital y que se amplíe el bono social. Lamentan que no haya un impuesto especial a las energéticas del 12% sobre los beneficios declarados, un impuesto a los bancos que no hayan devuelto el rescate bancario concedido y un impuesto a las grandes fortunas que grave los patrimonios superiores a 1 millón de euros.

Íñigo Errejón (Más País) considera que “la melodía suena bien, pero la clave siempre es la letra”.