Seis fiscales de Sala piden por escrito a Dolores Delgado que se aparte del caso del hermano de Ayuso

Es la primera vez que fiscales de la más alta categoría de la carrera expresan de forma conjunta y por escrito su criterio de que el pasado político de Delgado -exministra de Justicia y diputada del grupo parlamentario socialista hasta su nombramiento como fiscal general en febrero de 2020- la inhabilita para intervenir en cualquier asunto en el que sean parte los partidos o sus integrantes.

El caso del hermano de Ayuso es, en ese sentido, paradigmático. No sólo afecta a la jefa del Gobierno madrileño del PP sino que los denunciantes son tres partidos de la oposición: Más Madrid, Podemos y PSOE. Este último, al que Delgado estuvo vinculada.

El escrito lleva seis firmas: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, José Miguel de la Rosa, Javier Huete y Pilar Fernández Valcarce. Fue registrado sólo dos horas y media antes de la reunión de la Junta de Fiscales de Sala en la que se debatió, precisamente, quién debe investigar el contrato que le valió a Tomás Díaz Ayuso una sustanciosa comisión.

La Junta, a la que asistieron 32 fiscales de Sala de los 33 que la integran, respaldó por unanimidad el criterio de Dolores Delgado de que Anticorrupción continúe investigando la supuesta existencia de tráfico de influencias, falsedad documental o negociaciones prohibidas a funcionarios. En paralelo, la Fiscalía Europea indagará presuntas infracciones penales que  hayan perjudicado los intereses financieros de la UE y, en particular, malversación de fondos, fraude y cohecho. 

Delgado dio a conocer al comienzo de la reunión la existencia del escrito, que muchos fiscales de Sala ignoraban. 

"Deberán abstenerse"

En él se indica que "conforme al artículo 351 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial: Los jueces y magistrados serán declarados en la situación de servicios especiales: […] f) Cuando sean nombrados para cargo político o de confianza en virtud de real decreto o decreto autonómico, o elegidos para cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales. En este caso (...), los jueces y magistrados, y los funcionarios de otros cuerpos, que reingresen en la carrera correspondiente deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".

"La ratio [razón] del precepto parece clara: evitar que quien ha tenido un cargo político intervenga en asuntos en los que estén implicados otros cargos políticos. En definitiva, evitar que en asuntos que afecten a partidos o a cargos políticos intervengan personas que por su pasada vinculación con la política generen como mínimo un efecto de pérdida de apariencia de imparcialidad", añaden.

La Ley Orgánica del Poder Judicial es de aplicación supletoria a los fiscales en todo lo referente a situaciones administrativas, deberes y prohibiciones, entre otros extremos. Si bien los fiscales no pueden ser recusados, deben abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces.

El escrito alude a que el borrador de decreto llevado a la Junta de Fiscales de Sala por Delgado incluía un párrafo según el cual "lo que propiamente investiga la Fiscalía Anticorrupción atañe a delitos que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación en tales conductas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, persona aforada ante el Tribunal Supremo español”.

"Es notorio que la fiscal general del Estado, sin solución de continuidad, ha sido ministra de Justicia y seguidamente participó en las elecciones generales pasadas obteniendo acta de diputada, para seguidamente renunciar y ser nombrada fiscal general", recuerdan los fiscales de Sala firmantes.

A su juicio, dado que el debate de la Junta de Fiscales de Sala se ceñía a una cuestión procesal, "no es el momento de plantear la abstención de la fiscal general", pero "entendemos que su intervención en estas diligencias ha de limitarse exclusivamente a este trámite", advierten.

Los fiscales de Sala pedían que "se tome en consideración el escrito", que fue duramente criticado por Delgado en la propia reunión.

"Ahí queda el aviso"

La fiscal general cuestionó la legitimación de los fiscales de Sala para poner sobre la esa su abstención. Y, tras recordar que el actual contenido del artículo 351 fue aprobado cuando ella era ministra, sostuvo que no le es de aplicación, ya que la fiscal general permanece en servicios especiales y, técnicamente, no ha reingresado en la carrera.

Zaragoza le replicó defendiendo la legitimación de los fiscales de Sala y Huete explicó que el motivo del escrito estaba en el propio borrador de decreto, en el que se alude a que las diligencias de Anticorrupción podrían afectar a Ayuso.

La fiscal general aceptó eliminar del decreto el párrafo en el que se menciona a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero insistió en la inaplicación del precepto en el que los fiscales de Sala reclaman su abstención.

"Ahí queda el aviso", señaló a este periódico uno de los firmantes, que puso de manifiesto que el problema no es que los fiscales de Sala velen por la imagen de imparcialidad de la Fiscalía, "sino que se haya puesto a una exministra y exdiputada al frente de esta institución".