Investigada la cúpula de ETA por el asesinato de dos policías en Sangüesa en los 'meses del Titadine'

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra la cúpula de ETA por el asesinato de dos policías el 30 de mayo de 2003 en Sangüesa (Navarra) mediante un coche-bomba. Se trató de los agentes Julián Embid Luna y de Bonifacio Martín Hernández.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que el juez Alejandro Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, acuerda investigar a los siguientes miembros de la dirección de ETA en esa fecha: Juan Fernández Iradi (alias Susper), Gorka Palacios Alday (Andoni), Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), Aitzol Iriondo Yarza (Gurbitz), Félix Ignacio Esparza Luri (apodado Navarro), Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Ramontxo) y María Soledad Ipaguirre (Anboto).

También investigará, como posibles autores materiales de los dos asesinatos, a Garikoitz Arruate Santa Cruz y a Gorka Lorán Lafourcade. Éste es uno de los 379 crímenes cometidos por ETA aún sin resolver.

Además de la muerte de los dos policías, el atentado —cometido con una bomba lapa adosada a los bajos de un vehículo— dejó graves heridas a un tercer agente, Ramón Rodríguez, y a un trabajador de la empresa Telefónica, Carlos Gallo. Por ello, la querella también se dirige contra todos estos miembros de la banda armada por dos supuestos delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.

Cuando Arruate fue detenido en San Sebastián, portaba una mochila con 25 kilos de explosivo, un temporizador, una peluca y una pistola, además de un billete de tren Irún-Madrid. A Loran Lafourcade, que trabajaba en una ikastola, un centro educativo con menores, se le arrestó en su domicilio de Hernani (Guipúzcoa), donde se había refugiado tras introducir en un tren una maleta cargada con 20 kilos de explosivo. La Policía detuvo el trayecto en Burgos, desalojó a los viajeros e hizo detonar el artefacto, sin víctimas.

"Todo ello establece un modus operandi similar, que concluye con la verosimilitud de los hechos relatados en esta resolución y su relación con los mismos, otorgándoles a ambos presuntos autores materiales [Garikoitz Arruate Santa Cruz y Gorka Lorán Lafourcade] el grado de imputables por esos hechos, y a los fines de ejercitar su derecho de defensa se les confiere el estatus pasivo en el procedimiento", reza el auto, fechado el pasado 7 de abril.

Tal y como reitera en él el juez Alejandro Abascal, la cúpula de ETA, denominada zuba, constituye la cúspide organizacional de la organización terrorista, que "se establece sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina". Y "asume todas las funciones directivas, de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija", añade.

"Meses del Titadine"

"Si a otro periodo de la banda se le dio en llamar los años de plomo [por los ataques cometidos con arma de fuego], aquel segundo semestre de 2003 fueron los meses del Titadine", reza la querella de Dignidad y Justicia. El Titadine era un tipo de explosivo utilizado por ETA. El atentado de Sangüesa fue cometido mediante una fiambrera-bomba rellena de dos kilos de este material.

Dignidad y Justicia apunta en su escrito que, entre los años 2003 y 2004, la banda terrorista "se encontraba cada vez más acorralada y debilitada por la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", por lo que la zuba de este periodo comenzó a distribuir "una gran cantidad" del explosivo Titadine entre sus comandos.

El atentado de Sangüesa da inicio —reza la querella— a un "cambio estratégico" en la ofensiva de la banda, que provoca, desde entonces, una sucesión de "atentados con explosivos cada 10 días, durante toda la segunda mitad de 2003".

La asociación de víctimas ha contabilizado 18 ataques con bomba en aquel semestre, hasta llegar al ataque frustrado el día de Nochebuena de ese año en la estación de Chamartín (Madrid). Por ese intento de masacre fueron detenidos Garikoitz Arruate y Gorka Lorán, querellados ahora como presuntos autores materiales del atentado en Sangüesa.

Sobre las diligencias solicitadas al Juzgado por Dignidad y Justicia —el "pormenorizado estudio y cotejo de los restos del explosivo", la identificación de presuntos encubridores o cooperadores necesarios o la toma de declaración de los dos supervivientes—, el juez indica en su auto que las resolverá en una "resolución aparte", tras solicitar al Ministerio Fiscal un informe sobre la "pertinencia y utilidad" de las mismas.