El fiscal cree falsos los papeles malasios de Luceño con varias firmas de San Chin Choon

El Ministerio Público expresa sus dudas sobre la autenticidad de esa documentación en una comisión rogatoria remitida al fiscal general de Malasia el 4 de mayo de 2021. En esta carta, incluida en el sumario al cual ha podido acceder EL ESPAÑOL, el fiscal lanza una petición a las autoridades judiciales de ese país con el fin de localizar a San Chin Choon, el proveedor malasio que hizo tratos con ambos investigados y gracias al cual estos lograron embolsarse más de 6 millones de euros.

La misiva desgrana los 17 documentos que los empresarios madrileños presentaron para justificar el cobro bancario de las comisiones. Entre ellos algunos firmados por San Chin Choon, el empresario de la firma malaya Leno que adquirió en China el material anti-Covid, buena parte del cual llegó a Madrid en estado defectuoso o no se correspondia con lo contratado.

Entre los papeles figuran supuestas cartas de designación de ambos como "agentes exclusivos de la compañía" para demostrar que ya habían operado previamente, aparentemente desde 2018, con esa empresa.

Sin embargo, el fiscal Luis Rodríguez Sol plasma sus dudas sobre esos documentos al explicar que, para empezar, en cuatro de ellos la firma del proveedor malayo no coincide con la que aparece en el resto de los archivos.

El Ministerio Público señala que esta realidad es constatable "a simple vista": hay dos firmas diferentes de San Chin Choon en los papeles. En cuatro de ellos la rúbrica es completamente distinta a la que aparece en todos los demás.

Distintas firmas atribuidas al mismo empresario despiertan las sospechas del fiscal. EL ESPAÑOL

Hay otros dos documentos que llaman la atención al fiscal por sus irregularidades. La fecha incluida en ellos no coincide con la realidad. "Con la misma fecha, y con texto y formato de documento idénticos, se designa como agentes exclusivos, junto a Alberto Javier Luceño Cerón, a personas distintas (un tal Chang Ben Kay en uno de los documentos y Luis Medina en otro).

Ambos están fechados el jueves 12 de septiembre de 2018, cuando en realidad el 12 de septiembre de 2018 fue miércoles, no jueves.

A ojos del fiscal, resulta también muy extraño que cuatro de los documentos aportados para justificar el cobro de las comisiones estén "basados en modelos de la Cámara Internacional de Comercio".

El Ministerio Público hace notar en esa comisión rogatoria lo raro que resulta que, en un asunto como este, estos papeles "incorporen, junto al membrete de la Cámara Internacional de Comercio, el membrete y la dirección de otros organismos que nada tienen que ver con las operaciones documentadas". Algunas de esas instituciones cuyos logos figuraban en estos documentos son el FBI o la Interpol.

Por eso, la Fiscalía Anticorrupción concluye: "Todo esto induce a pensar que, si no todos, al menos algunos de los anteriores documentos han sido falsificados". Así, aprecia en Luceño y Medina indicios de un delito de falsedad en documento mercantil, que se suma a los presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales.

La fecha que aparece en uno de esos documentos no corresponde con la realidad. EL ESPAÑOL

Preguntas al proveedor

En la comisión rogatoria, Rodríguez Sol pedía localizar al empresario malayo con el fin de corroborar la documentación aportada por los dos empresarios investigados, preguntarle si conocía a ambos hombres de negocios y si efectivamente había mantenido con ellos algún tipo de relación comercial.

El fiscal quería saber además si fue el propio proveedor el que firmó todos los documentos que justificaban el pago de las comisiones teniendo en cuenta que el mundo entero estaba confinado en esas fechas y cómo calcularon la cantidad de dinero que se embolsaría cada uno de ellos por la intermediación, entre otras preguntas.

El fiscal, al solicitar la declaración del empresario asiático, lo que pretende es averiguar si realmente Medina y Luceño eran, como figura en la documentación que aportaron, "agentes exclusivos" de la empresa que les vendió las mascarillas y si pactaron las comisiones con el representante de la firma. En definitiva, determinar si las operaciones en que actuaron "supusieron un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Madrid".

En el documento, el fiscal explicaba de qué modo ambos empresarios se lucraron, llevándose presuntamente comisiones millonarias tras intermediar en una venta con el consistorio madrileño, cuando el país se encontraba en una situación "de rápida evolución de la pandemia provocada por el Covid-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios",

Habían ofrecido al Ayuntamiento la posibilidad de comprar en China un millón de mascarillas, 500.000 guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos. Todo ello, en un principio, por una cantidad total próxima a los 15 millones de dólares.

En varios de ellos figura el membrete del FBI y la Interpol, algo que extraña al fiscal. EL ESPAÑOL

"Al hacerlo, ambos investigados -reflejaba el fiscal en la comisión rogatoria- ocultaron que un alto porcentaje del precio ofertado (casi el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondían a comisiones que ellos mismos iban a percibir".

El precio real de las mascarillas era de 2,7 millones, por lo que los acusados se habrían llevado un beneficio neto de cuatro millones, es decir, "el 148% del precio real del producto". En el caso de los guantes, Luceño había asegurado que se trataba de material de buena calidad. Sin embargo, cuando llegaron eran de "ínfima calidad y solo llegaban hasta la muñeca".

Esto despertó el enfado de la coordinadora de compras de la empresa municipal de servicios funerarios, Elena Collado, que le pidió a Luceño que solucionase el problema y le envió una foto de un supermercado en la que se veía que unos guantes parecidos a los que el Ayuntamiento había comprado a Leno por dos dólares el par se vendían en Madrid a ocho céntimos. Luceño, "para intentar contentar al Ayuntamiento visto el fracaso de la operación", devolvió al poco cuatro millones que correspondían a las comisiones que se pretendía repartir con Medina.

En el caso de los test, estos se vendieron con un sobreprecio del 244%. De los 4.250.000 de euros que pagó el consistorio, tres millones fueron a comisiones. Además, de las 250.000 pruebas, casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%).

De ese modo, los dos acusados por la Fiscalía Anticorrupción se llevaron seis millones de dólares en comisiones de los 11,9 millones de dólares que finalmente pagó el Ayuntamiento.

La querella, actualmente en manos del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, detallaba además el uso que le dieron a ese dinero ambos empresarios.

Medina obtuvo un millón de dólares. Luceño se quedó con 5,1 millones de dólares. El aristócrata se compró un yate por 325.000 euros e invirtió en productos bancarios. El segundo adquirió relojes y coches de lujo (Ferrari, Mercedes, BMW, Porsche, Lamborghini...) e incluso una casa en Madrid por más de un millón de euros.