El juez Adolfo Carretero, encargado de investigar el caso Mascarillas, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid que aporte los correos electrónicos que los imputados Luis Medina y Alberto Luceño dirigieron al consistorio para hacer llegar su oferta de material sanitario en los peores momentos de la pandemia de la Covid.
El Juzgado de Instrucción número 47 de la capital investiga tres contratos (de mascarillas, guantes y test contra la Covid) por supuesta estafa, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusaba a estos dos empresarios de "inflar" los precios y de entregar artículos defectuosos o que no cumplían lo pactado. Asimismo, ambos cobraron abultadas comisiones por su intermediación en los encargos.
Además de por el delito de estafa, Alberto Luceño y Luis Medina están imputados por blanqueo de capitales y falsedad documental. Este último, además, suma el de alzamiento de bienes.
En un auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado ordena al consistorio de la capital que informe, en el plazo de cinco días, "sobre si existía en el año 2020 un correo electrónico general destinado a recibir las proposiciones de aportación de material sanitario".
En caso afirmativo —prosigue el documento—, solicita que "se especifique la dirección concreta, el modo en que se publicitó, así como se aporten al procedimiento los correos remitidos a dicha dirección" desde los perfiles de los investigados Medina y Luceño. El Ayuntamiento de Madrid deberá aportar esta información al Juzgado tanto en papel como en formato digital. El partido Podemos, personado en el caso Mascarillas como acusación popular, fue el que solicitó esta diligencia.
Durante su declaración ante el juez, el aristócrata Luis Medina reconoció que una amiga suya, presidenta de una universidad privada en la que estudió un año, le facilitó el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid. Hace casi dos semanas, en el interrogatorio, admitió que no conocía a este abogado "de nada" y dijo que el pariente de José Luis Martínez-Almeida, a su vez, le facilitó el correo electrónico, genérico, de Elena Collado, la funcionaria responsable de las compras municipales durante la pandemia.
Carlos Martínez-Almeida está citado este jueves ante el Juzgado, como testigo, ya que el juez se opuso a su imputación al descartar, tajantemente, que cometiese tráfico de influencias. El magistrado considera que su función "se limitó a proporcionar a Luis Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento, la señora Collado, quien fue la que negoció y firmó" los contratos en nombre de la funeraria municipal.
Asimismo, en el auto de este miércoles, el juez, en línea con la petición del fiscal Luis Rodríguez Sol, ordena a la unidad de la Policía Nacional especializada en criminalidad informática que analice los documentos que Medina y Luceño entregaron en sus oficinas bancarias para justificar el ingreso de comisiones millonarias.
Adolfo Carretero solicita a los agentes que "informen sobre la extracción de metadatos de los referidos documentos, así como sobre la autoría y fecha de creación de los mismos, y sobre cualquier otra circunstancia que consideren de interés y pueda aportar datos relevantes acerca de su confección y, en su caso, posterior modificación". Entre ellos, se encuentran un certificado que designa a ambos empresarios como "agentes exclusivos" de la compañía malasia Leno, la encargada de proveer el material sanitario.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina, cuya labor en esta operación habría sido únicamente la de facilitar el contacto de la funcionaria Elena Collado, cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. La veracidad de estos papeles es la que ahora pretende comprobar el juez.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos querellados están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.