La Generalitat burlará durante años la sentencia del 25% hasta que intervenga el TC

Y se trata de un nuevo episodio que no es baladí, ya que puede enquistar este conflicto durante años y abocarlo, casi irremediablemente, al Tribunal Constitucional (TC).

Con su decreto-ley, que entra en vigor este martes con valor de ley, el Ejecutivo catalán crea un nuevo marco legislativo, a la espera de que sea ratificado en un mes por una mayoría del Parlament de Cataluña.

El Govern establece ahora la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas", en una clarísima alusión al fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que, en Cataluña, al menos, una de las cuatro asignaturas troncales sea cursada en español. De acuerdo con la Constitución, la Justicia impuso la utilización "vehicular normal" de las dos lenguas cooficiales.

Pero ahora, con esta estrategia, la Generalitat que encabeza Pere Aragonès trata así de dejar sin objeto esta sentencia, cuyo plazo de ejecución expira, precisamente, este martes. Y, desde ahora, el Govern podrá alegar que el fallo judicial es ya inejecutable.

En este escenario, el TSJC tendrá que decidir qué ocurre con la ejecución de su sentencia. Obligado a cumplir el decreto-ley aprobado este lunes por Aragonès, el tribunal autonómico podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional si considera que los preceptos de la nueva normativa son contrarios a la Norma Fundamental y suponen un cumplimiento fraudulento de su fallo.

Con esta jugada maestra, el Ejecutivo que encabeza Aragonès reduce el margen de actuación de los tribunales y encamina el conflicto, casi irremediablemente, a una parálisis de años hasta que intervenga el máximo intérprete de la Carta Magna.

El Gobierno, a su vez, puede interponer un recurso de inconstitucionalidad. También, 50 diputados del Congreso, 50 senadores e, incluso, el Defensor del Pueblo.

El 25% de castellano

En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fijó en este 25% el porcentaje mínimo "por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema". El Tribunal Supremo, posteriormente, confirmó este fallo.

El Govern de la Generalitat tenía hasta este mismo martes para cumplirlo, tras el ultimátum del TSJC. Pero apenas unas horas antes de que este plazo expirase, el Ejecutivo independentista firmó este lunes su decreto contrario a aplicar porcentajes en la educación catalana.

Además, también da manga ancha a los centros escolares para que, "en primera instancia, (...) efectúen un análisis de los factores sociales y culturales del entorno que han de servir de base para elaborar un proyecto lingüístico" que luego validará la Consejería de Educación.

Otro de sus artículos define al catalán como "lengua propia, lengua normalmente empleada, vehicular y de aprendizaje y lengua de uso normal en la acogida del alumnado". 

"Ha ganado tiempo"

"El Gobierno puede estudiar el decreto y recurrir ante el TC si lo considera inconstitucional", recuerda Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

"Lo que ha hecho el Govern es cambiar la legislación existente; lo cual, en principio, es técnicamente correcto", añade. Todo ello, tratando que el fallo judicial deje de ser operativo. Incluso, la Generalitat puede escudarse en que no comete desobediencia alguna, al haber variado el marco normativo.

Aunque Ruiz Robledo advierte: "Habrá que analizar si es conforme a la Constitución y, sobre todo, a la distribución de competencias, constatar que no invada competencias estatales". "En cualquier caso —concluye—, el Govern ha ganado tiempo".

"La determinación de un porcentaje permite a los tribunales controlar si la Generalitat lo cumple, y, por tanto, si respeta los derechos lingüísticos de las personas", apunta Miguel Ángel Recuerda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.

"Sin ese porcentaje no sería posible, o sería más difícil, el control judicial de las decisiones administrativas en relación con el uso de las lenguas en el sistema educativo de Cataluña", subraya.

Lo que pretende la Generalitat, apunta Recuerda, es "que los tribunales no puedan verificar si en Cataluña se respetan los derechos lingüísticos de los estudiantes". "Por tanto, ese decreto-ley es un claro desafío al Estado de Derecho y un incumplimiento por parte de la Generalitat de las obligaciones que impone la Constitución y las leyes, lo que habilita para aplicar el artículo 155 de la Constitución", comenta a preguntas de EL ESPAÑOL.

Por todo ello, Miguel Ángel Recuerda considera el decreto-ley "manifiestamente inválido", ya que su exposición de motivos no justifica la situación de necesidad extraordinaria que habilite al Govern a dictarlo.

Además, "porque incide sobre materias excluidas del ámbito del decreto-ley, porque habilita para tomar decisiones arbitrarias que están prohibidas por la Constitución y porque se ha dictado con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJC".