La 'manga ancha' del juez De Prada con los etarras divide a la Audiencia y alarma a las víctimas

En una resolución fechada el pasado 3 de junio, de la que es ponente, el magistrado concedió un permiso de salida de prisión al preso de ETA Gorka Loran Lafourcade, interno en segundo grado en la cárcel de Álava. A ello se había opuesto tanto la Fiscalía como el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Alterando el criterio que ya se había convertido en habitual en la Audiencia Nacional, De Prada considera que la petición de perdón a las víctimas no es un requisito indispensable para acceder a este beneficio.

Hasta ahora, resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que pertenecían antes Ramón Sáez y Concepción Espejel —hoy, magistrados del Tribunal Constitucional— exigían a los presos etarras pedir perdón expreso a sus víctimas. Hasta el punto de que, sin él, la Audiencia Nacional ha llegado a anular permisos y otras medidas penitenciarias como las progresiones de grado a quienes lo incumpliesen.

Por contra, el juez De Prada —considerado próximo al entorno progresista, fue una de los nombres propuestos por Podemos para renovar el CGPJ— concluye que ésta no es una condición imprescindible.

"No es en absoluto un requisito legal para la obtención de permisos penitenciarios y su única posible valoración admisible en este momento es a título puramente indicativo (no como obligación) de una buena evolución penitenciaria, lo que también es deducible de otros elementos", reza la resolución firmada por el juez, conocido este martes.

José Ricardo de Prada, además, considera que un texto manuscrito que aportó la defensa de Gorka Loran —una vez le fue denegado el permiso por primera vez— expresa "una posición firme y arrepentida frente a la violencia".

"Duda sobre sus sentimientos"

Sin embargo, otro de los miembros del tribunal, Francisco Javier Vieira, se opone a esta consideración.

En un voto particular, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado sí se muestra de acuerdo con otorgar el "necesario" permiso al etarra. Pero reprocha "la ausencia en ese escrito de una condena explícita a la organización terrorista de la que formó parte".

Loran, a la derecha, durante su juicio. Efe

En contra de lo que sostiene De Prada, Viera replica que no puede desprenderse de este documento que Loran se arrepiente de los delitos que cometió. El terrorista fue condenado a dos décadas de prisión, que finalizan el año próximo, por tentativa de asesinato. Ha cumplido más de las tres cuartas partes de su pena.

"Sin que pueda considerarse un mensaje de desaprobación, incomprensión o rechazo [de la banda y sus objetivos], sí debe quedar constancia de la duda sobre sus reales sentimientos internos que trasladan los términos [que emplea el preso en su carta]", expone el juez en su voto particular.

Y tampoco cree que el manuscrito suponga la "reprobación total" del uso del terrorismo "como vía para conseguir unos objetivos que debieron pretenderse siempre mediante vías pacíficas y democráticas".

"Deberá ser con sus actos, con su comportamiento, como demuestre que realmente ha emprendido la vía de la reinserción y que está dispuesto a paliar el sufrimiento de las víctimas de ETA", concluye el magistrado Viera.

Un perdón expreso

La Ley General Penitenciaria, en su artículo 72.6, sí impone la "petición expresa de perdón a las víctimas de su delito" como condición sine que non en el caso de condenados por terrorismo, pero tan sólo para su progresión de grado.

También es necesario que el preso presente informes técnicos que acrediten que está realmente desvinculado de la organización terrorista y de su entorno.

En el caso de Loran, la Junta de Tratamiento de la prisión, compuesta por los expertos, directivos y perfiles técnicos del centro, estuvo a favor de concederle el permiso de salida. Pero el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, al igual que la Fiscalía, se opuso a él, ya que faltaba un perdón expreso a las víctimas de sus delitos.

Su defensa recurrió entonces ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahora le da la razón. Fue en este recurso —y no antes, en ningún otro momento del proceso— donde la abogada de Gorka Loran adjuntó la carta escrita por el etarra, que no emplea ni una sola vez la palabra perdón. Sin embargo, en ella, sí se muestra "consciente" del "sufrimiento" y "dolor" causados por ETA.

Las víctimas

Las asociaciones de víctimas han trasladado a EL ESPAÑOL su preocupación tras esta resolución. Vanessa Santiago, letrada de Dignidad y Justicia, considera que "lo más grave" del auto de De Prada es "la interpretación positiva" que el ponente realiza al valorar la carta firmada por el preso.

"Le abre la puerta al tercer grado, nos está dando ya la pauta sobre lo que va a pasar con su progresión", pronostica. "Hemos pasado de una presidenta muy garantista con los derechos de las víctimas [Concepción Espejel] a un magistrado muy garantista con los derechos de los presos", resume, al valorar el cambio de composición de la Sección Primera de la Sala de lo Penal.

Fachada de la Audiencia Nacional. Efe

Asimismo, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terorismo (AVT) insiste en alertar sobre las consecuencias del traslado de José Ricardo de Prada a la Sección encargada de estos asuntos.

"Siempre hemos sido conscientes de que no era una decisión irrelevante, sino que había una intencionalidad clara, un objetivo evidente: imponer estos criterios, los suyos, en materia de vigilancia penitenciaria", señala.

"Es verdad que la ley no exige el arrepentimiento expreso para la concesión de los permisos, pero la interpretación que se venía haciendo hasta ahora, con la conformidad de la Fiscalía, era la de considerar necesario que existiese un perdón claro y no genérico como un elemento más a la hora de valorar si el preso tenía un pronóstico favorable de reinserción", recuerda la abogada de AVT.

"Nosotros compartimos este punto de vista", expone Carmen Ladrón de Guevara. "Incluso nos gustaría que se exigiese colaboración con la Justicia, aunque somos conscientes de que es más complicado", admite, tras reiterar su "preocupación" por la incorporación de De Prada a este tribunal y por la "posible inseguridad jurídica" que supondrá "depender de la constitución de la Sección Primera" cada vez que ésta deba responder al recurso de un etarra sobre su situación penitenciaria.