Baltasar Garzón pide a la ONU que inste al Gobierno a restituirle como juez y elimine sus antecedentes

La defensa del exjuez Baltasar Garzón se ha dirigido a la ONU para que este organismo interceda ante el Gobierno español para garantizar su "reparación integral" que suponga la eliminación de sus antecedentes penales y su restitución como juez, condición que perdió tras ser inhabilitado en 2010 por el Tribunal Supremo. 

Así figura en un escrito dirigido por su defensa al relator especial para el Seguimiento de los Dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que Garzón también solicita una compensación económica y una disculpa pública, después de que la ONU concluyese que su expulsión de la carrera por haber prevaricado en el caso Gürtel fue "arbitraria".

En el documento, fechado este martes, su abogada manifiesta su "profunda preocupación por la falta de cumplimiento" por parte del Gobierno del dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso Garzón contra España. Y le solicitan a este organismo que "haga cuanto esté a su alcance" e interceda para que se cumpla el veredicto unánime a favor del otrora juez de instrucción de la Audiencia Nacional.

"El derecho del juez Garzón a un juicio justo fue violado al negársele cualquier derecho de apelación (...) y su castigo por el delito de prevaricación, que tipifica las sentencias injustas en el Código Penal español, fue arbitrario e imprevisible al no estar basado en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida", replica su abogada, Helen Duffy.

Y enumera las peticiones de su cliente: eliminar sus antecedentes penales, recibir una "compensación adecuada por el daño sufrido", que España adopte las "medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro" y su restitución como juez central de la Audiencia Nacional.

Según subraya Duffy, el Gobierno español tenía un plazo de 180 días para informar al Comité de DDHH sobre las medidas tomadas al respecto. Y el plazo expiró el 25 de febrero de 2022, antes de ser ampliado hasta el pasado 25 de abril.

"Baltasar Garzón se ha puesto en contacto con el Gobierno a través de una serie de cartas enviadas por nosotros en su nombre. Hemos expresado nuestra disposición y voluntad de discutir formas constructivas de avanzar, exponiendo claramente nuestra opinión sobre lo que supondría una implementación adecuada", explica su letrada, quien asegura haber informado a la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, de la situación.

"Desde entonces, no ha habido respuesta ni compromiso alguno por parte del Gobierno, agravándose con ello los perjuicios que el autor ha sufrido y sigue sufriendo", expone.

"La no implementación por parte del Gobierno español [de estas medidas], así como su falta de respuesta, es de extrema gravedad, ya que implica un desafío a la autoridad del Comité", indica la letrada. Pese a ello, la ONU no tiene capacidad material para obligar a un Estado a que cumpla estas peticiones. Puede, eso sí, instarle a asumirlas.

A lo largo del texto, la defensa de Garzón reitera la voluntad de éste de recuperar su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que actualmente es titular Santiago Pedraz.

Baltasar Garzón solicita el mantenimiento de su "antigüedad y escalafón, con todas las consecuencias que ello conlleva a efectos de prestaciones públicas, como los derechos pasivos a efectos de jubilación". Todo ello, como parte de "la reincorporación de la víctima al empleo que perdió a consecuencia de la violación cometida".

Y pide, asimismo, que el Boletín Oficial del Estado publique el dictamen del Comité, "con amplia difusión", así como una indemnización económica que no cuantifica en el escrito. Además, exige una modificación de la definición del delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal y una "profunda reflexión" por parte del Estado de cara a "evitar la manipulación del Derecho Penal con fines nefastos".

"En vista de lo anterior, instamos al Relator Especial del Comité a que apele al Gobierno español a implementar el dictamen y, si fuera necesario, condene la no implementación del mismo", concluye el escrito.