La negociación del CGPJ saltó por los aires a falta de que Sánchez y Feijóo cerraran dos puntos clave

Las conversaciones para sustituir el órgano de gobierno de los jueces saltaron por los aires antes de que Sánchez y Núñez Feijóo celebraran en la Moncloa una última reunión, que el Gobierno tenía prevista para este viernes, con el fin de resolver las últimas cuestiones y sellar el pacto escrito preparado por sus segundos. 

El primer asunto que el presidente del Gobierno y el presidente del PP tenían que cerrar se refería al empeño de los populares en que el acuerdo incluyese la referencia a  una eventual reforma futura del sistema de elección de los vocales del turno judicial del CGPJ, tal como reclaman las instituciones europeas.

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El segundo tenía por objeto la nueva composición del Tribunal Constitucional, que está pendiente de la sustitución de cuatro magistrados que terminaron su mandato en junio y de la cobertura de la vacante originada por la renuncia Alfredo Montoya.

La elección judicial

Respecto al modo de elección de los 12 consejeros del Poder Judicial que deben ser jueces o magistrados, el PSOE ya había aceptado la petición del PP de que el acuerdo contemplase que el nuevo CGPJ se encargaría de hacer una propuesta de reforma.

El punto de controversia pendiente de resolver se centraba en que, de acuerdo con la postura socialista, la propuesta del CGPJ versaría sobre la "posibilidad" de una elección judicial de los 12 vocales. Por su parte, el negociador PP sostenía que el Consejo recién nombrado "necesariamente" debía pronunciarse sobre la intervención decisiva de los jueces en la designación de los consejeros del turno judicial.

Con la primera fórmula, la eventualidad de modificar el sistema de elección quedaba en el aire ya que el nuevo CGPJ podría o no valorarlo. Con la segunda, se obligaba al Consejo a contemplar la elección de los vocales judiciales por sus pares. 

En cuanto al segundo punto aún abierto, el PP esperaba que en la reunión entre Feijóo y Sánchez este último comunicase los nombres de los dos juristas elegidos por el Gobierno como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

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El interés del PP era que el Ejecutivo, que no está sometido a ninguna restricción en esa elección, no "colara" a un jurista de sesgo independentista para satisfacer a ERC, al que necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y los acuerdos legislativos que resten en la legislatura.

El PP, en cambio, había dejado de hacer cuestión de la Presidencia del TC para que no recaiga Cándido Conde-Pumpido. En este punto, lo mismo que en lo que respectaba a la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el acuerdo alcanzado señalaba que serían los integrantes de esos órganos los que tendrían que decidir.

Eso es, en realidad, lo que establecen las leyes orgánicas del TC y del Poder Judicial. Pero en anteriores renovaciones la presidencia de los tribunales ha entrado a formar parte de la negociación entre PSOE y PP.

Bolaños y González Pons ya habían cerrado completamente los nombres de todos los vocales del CGPJ, tanto los titulares como los suplentes. Incluso algunos de ellos ya habían sido avisados de su inminente designación, que se ha visto frustrada al considerar Feijóo una línea roja inasumible la rebaja de las penas por el delito de sedición que planea el Gobierno.

El PSOE había aceptado que la vacante de Montoya en el TC sería cubierta por un jurista propuesto por los populares, aunque fuentes del partido aseguran que el PP aún no había decidido el nombre de su candidato.

Una disposición para los ministros

También habían acordado medidas de despolitización de la Justicia, destacadamente la prohibición de las "puertas giratorias".

El pacto era introducir una modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que los miembros de la carrera judicial que acepten desempeñar cargos políticos y que, al cesar en ellos, deseen volver a la Judicatura no pondrán ejercer funciones jurisdiccionales sin solución de continuidad, como ocurre ahora. Estarían sometidos a un período de espera de dos años, durante los cuales quedarían adscritos al presidente del tribunal que les corresponda para funciones no jurisdiccionales.

Pons y Bolaños habían pactado una disposición transitoria por la que la anterior norma se aplicaba a los jueces o magistrados que en la actualidad estén desempeñando puestos políticos. La restricción de las puertas giratorias afectaba, así, de lleno, a los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop, lo que no les había gustado en absoluto.