El tribunal condena a El Pequeño Nicolás por simular ser agente del CNI pero le absuelve de estafa
La Audiencia Provincial de Madrid le condena a un total de tres años y cinco meses por los delitos de usurpación de funciones y falsedad documental.
12 diciembre, 2022 16:07La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, apodado El Pequeño Nicolás, a un total de tres años y cinco meses de prisión por los delitos de usurpación de funciones públicas y por un delito continuado de falsedad en documento oficial.
El joven se hizo pasar por un alto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy y por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para ofrecer a un empresario sus labores de intermediación y ayudarle en la venta de un terreno.
En la que ya es su tercera condena de cárcel —y la segunda por simular ser un alto cargo del Estado—, la Sección Séptima le impone dos años por falsedad y 17 meses por el delito de usurpación de funciones.
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No obstante, el tribunal le absuelve del delito de estafa del que venía siendo acusado por la Fiscalía, por la Abogacía del Estado y por Podemos. El partido ejercía la acusación popular y solicitaba para el acusado 12 años entre rejas.
La Audiencia Provincial madrileña le aplica la atenuante de dilaciones indebidas y también impone a Gómez Iglesias una multa de 8.550 euros. Asimismo, le obliga a pagar las dos terceras partes de las costas del proceso, incluidas las de la acusación popular. El Ministerio Fiscal llegó a solicitar un total de seis años de cárcel, lo mismo que la abogada del Estado María Rosa Seoane.
El relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, confirma que el joven, nacido en 1994, "por circunstancias todavía no esclarecidas", mantenía relaciones con importantes directivos de España y demás personalidades con influencia.
En 2014, se ofreció al empresario Javier Martínez de la Hidalga para ayudarle en la venta de una finca, situada en Toledo y denominada La Alamedilla, de la que éste quería deshacerse.
Para ello, se hizo pasar por alto cargo del Gobierno español, vinculado a la vicepresidencia que entonces ejercía Soraya Sáenz de Santamaría, y por agente del CNI.
25.000 euros
Asimismo, usó vehículos de alta gama, haciéndolos pasar por coches oficiales, instalando rotativos policiales en los mismos. A mediados de octubre de aquel año, fue detenido por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, que había recibido una alerta de la vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio del Interior sobre las actividades de El Pequeño Nicolás.
El 10 de octubre de 2014, poco antes de ser arrestado, Gómez Iglesias acudió a una sucursal bancaria junto a Martínez de la Hidalga. Allí, solicitaron al director de la entidad la retirada del dinero que el empresario tenía en sus cuentas, compartidas con su mujer. Según recoge la sentencia, el acusado le manifestó que era agente del CNI.
Finalmente, ambos consiguieron sacar del banco un total de 25.000 euros, que Martínez de la Hidalga entregó al joven, pese a que el director de la sucursal telefoneó a la esposa del empresario para alertarle de que podían estar siendo víctimas de un engaño.
Según declaró el empresario en el juicio, al que acudió como testigo, le dio esta cantidad para cubrir los gastos personales que tuviera Nicolás mientras intermediaba en la venta de la finca.
No obstante, el joven acabó devolviéndoselos, una vez Martínez de la Hidalga se los reclamó. En la vista, el testigo, además, negó haberse sentido estafado en ningún momento por el ahora condenado, al que consideraba "un genio precoz", "amigo de todo el mundo en el Gobierno".
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Asimismo, la sentencia recoge que el acusado, "para reforzar la apariencia de actuar en nombre y representación de la vicepresidencia del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia", acudía regularmente a una copistería e imprimía pegatinas adhesivas.
"Elaboró, mediante manipulación informática, tres escudos constitucionales con el membrete Gobierno de España-Ministerio de la Presidencia, que incorporó a informes que estaban destinados a provocar en terceros, a los que se los exhibía, la creencia de que estaba actuando en misión oficial del Gobierno de la Nación", detalla la resolución, que aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo. Y así lo hará la defensa del condenado, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL.
Gómez Iglesias también imprimió en dicho workcentre logotipos de la Casa Real y entregó un dosier, con el membrete del Palacio de la Moncloa, a Martínez de la Hidalga. Lo hizo poco antes de ser detenido por la Policía. Los agentes, al arrestarle, encontraron, además de los rotativos lumisosos que utilizó en varios de sus desplazamientos con vehículos de alquiler, documentos que simulaban ser oficiales.
Al registrar el domicilio de El Pequeño Nicolás, autorizado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, la Policía, encontró un documento, con el escudo de la Presidencia del Gobierno, que parecía conceder inmunidad diplomática a Martínez de la Hidalga. También, otros papeles que mencionaban problemas tributarios del empresario, las relaciones internacionales de España y detalles sobre la labor del CNI. Los agentes hallaron, a su vez, una placa de la Guardia Civil y otra, de la Policía Nacional.
"Ninguno de los documentos manipulados intervenidos fueron confeccionados ni emitidos por ningún organismo o departamento ministerial", subraya la sentencia.
"No se ha probado con total certeza la finalidad de las operaciones sobre las que mantuvieron diferentes encuentros, durante los días 9 y 14 de octubre de 2014, el acusado y Francisco Javier Martínez de la Hidalga", admiten los magistrados Ángela Acevedo, Caridad Hernández (ponente de la resolución) y Jacobo Vigil.
No obstante, sí reconocen que Gómez Iglesias, tal y como recordó su abogado durante el juicio, presentaba un trastorno de la personalidad "con rasgos narcisistas e inmaduros".
Pese a ello, los jueces no aplican ninguna atenuante por este motivo, ya que, según detallan, el acusado tenía cierto conocimiento de la realidad y de las consecuencias de sus actos y pretendía conseguir beneficios económicos "de las operaciones que pudiera culminar" junto al empresario Martínez de la Hidalga.