Podemos presenta un informe sobre contratos públicos para pedir el archivo del 'caso Neurona'

Podemos ha enviado al juez del caso Neurona un informe que analiza las campañas de publicidad de diversas entidades públicas, "de todo signo político", para solicitar el archivo de la causa.

De esta forma, la formación izquierdista, que continúa imputada, trata de justificar que no hubo irregularidad alguna en su contratación de la consultora Neurona, que da nombre el caso, para las elecciones generales de 2019.

Desde hace dos años, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid investiga si los servicios prestados por esta empresa fueron simulados y si el partido, mediante esta técnica, desvió fondos.

En otro escrito, fechado este jueves y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la defensa de Podemos niega cualquier irregularidad y señala que quien presentó la denuncia por estos hechos, una extrabajadora del partido que fue despedida, tenía "animadversión pública y notoria" contra la formación política.

Además, la formación señala, como dato "muy relevante", que en España "rige una economía de mercado". Por ello, "salvo sectores muy concretos sometidos a regulación pública, está amparada la libertad de contratación",

Podemos señala que una "ingente" cantidad de diligencias, durante una "exhaustiva" instrucción, han "acreditado el servicio prestado" y se queja del "desgaste reputacional" que le han supuesto los más de 24 meses de investigación judicial.

En 2019, el partido, entonces encabezado por Pablo Iglesias, pagó a Neurona más de 330.000 euros por la prestación de servicios electorales de cara a los comicios generales de ese año. Según insiste Podemos en su escrito, dirigido al Juzgado, todas estas labores fueron acompañadas, además, por "una actividad de consultoría estratégica previa, desde la que se estructuraba todo su trabajo posterior".

"Y cabría entender que dichos servicios de consultoría también deben ser tomados en cuenta al objeto de la pericial", señala el partido. La pericial a la que se refiere es la última diligencia que aún no se ha practicado y que consiste en el análisis de los servicios prestados por Neurona. Hasta seis empresas a las que el juez Juan José Escalonilla se había dirigido lo han denegado.

"Si el indicio previo de una supuesta distracción [de fondos] era supuesta la baja cantidad de servicios materialmente realizados, la evolución de la instrucción parece haber ido difuminando dicho indicio", añade Podemos, que cifra los archivos en 370, "un número significativo" y superior a los que el juez ordenó analizar.

El partido también cita los testimonios de dos trabajadores de Neurona, que fueron interrogados como testigos, y que descartaron cualquier irregularidad. Ambos también señalaron que efectuaron labores de consultoría, programación, diseño, maquetación de una web, Big Data, diseño de productos destinados a las redes sociales de Podemos y elaboración de cartelería.

"Por todo ello, consideramos que los hechos anteriores (...) permiten confirmar que no existen indicios de que se haya producido ninguna supuesta escasa actividad por parte del proveedor de servicios Neurona Comunidad SL que pueda ser considerado indicio de distracción de los fondos abonados [por Podemos], lo que, unido a que no hay ni un solo indicio de uso distinto del pago de servicios, debe abocar al archivo de las actuaciones por inexistencia de delito", concluye el partido en su escrito.

'Caso Neurona'

A lo largo de la instrucción del caso Neurona, éste se ha desgajado en hasta siete líneas de investigación. La mayor parte de ellas —como la relativa a la reforma de la sede de Podemos o el supuesto cobro de sobresueldos de su Caja de Solidaridad— han sido archivadas.

La que aún sigue abierta es esta línea de investigación, centrada en la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, bajo la sospecha de que Podemos hubiese pagado más de 300.000 euros a la empresa por labores que no llegó a realizar.