Fiscalía revela que la 'Kitchen' espió al abogado de Bárcenas en un bloque al que iba Aznar y políticos

Según el documento, agentes adscritos a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, desconociendo que formaban parte de una operación ilícita, vigilaron —al menos, los días 27 y 28 de febrero de 2014— el edificio en el que se ubicaba el despacho de Javier Gómez de Liaño, entonces letrado del extesorero del PP.

"Llegaron a colocar una cámara de grabación de imágenes en las inmediaciones del portal del edificio donde radicaba el despacho profesional de [Gómez de Liaño] para controlar, de esta forma, a las personas que pudieran acceder al mismo", señala la Fiscalía.

[El desquite del exjuez Liaño: investigan si hubo pagos a Baltasar Garzón para frenar 'Sogecable']

En aquellas fechas, Bárcenas ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional en el caso Gürtel. Y, tal y como sostiene Anticorrupción, esta operación de espionaje, diseñada por el Ministerio del Interior y la cúpula policial trató, precisamente, de evitar que documentación comprometedora para el PP llegara a manos de la Justicia.

En aquel edificio del madrileño Paseo de la Castellana había vivido José María Aznar junto a su mujer, a finales de siglo XX. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en las fechas mencionadas en el escrito de Anticorrupción, residía allí el primogénito de los Aznar-Botella. En el mismo bloque, además de dentistas, también tenía su despacho Ricardo Martí Fluxá, antiguo secretario de Estado de Seguridad, quien había desempeñado también cargos políticos con UCD. También fue jefe de protocolo de la Casa Real.

En el mismo bloque, desde 1997, tenía su sede la Fundación Hispania-Europa, dedicada, entre otras cosas, a elaborar estudios de carácter económico. ¿Su presidente? El economista Ramón Tamames, pieza clave en el PCE de Carillo, fundador de Izquierda Unida, alto cargo el CDS de Adolfo Suárez y, hoy, uno de los hombres de moda, ya que será quien encabece la moción de censura que Vox registrará este lunes en el Congreso.

"Los hechos que describe el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación son un cúmulo de delitos sólo imaginable en países de corte totalitario", comenta a este periódico Javier Gómez de Liaño.

El abogado Javier Gómez de Liaño, en una imagen de archivo. Efe

"Leer cómo, durante meses, se invadió la intimidad de un despacho de abogados con quebranto del derecho de defensa en sus distintas manifestaciones produce escalofríos", subraya.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el objetivo de la operación contra Gómez de Liaño era el de "controlar a las personas que pudieran acceder al mismo [a su despacho] y que pudieran tener cualquier vinculación con Luis Bárcenas con relación a los hechos que se estaban investigando" en el caso Gürtel, por el que, finalmente, el extesorero del PP acabaría en prisión.

"En ningún momento los encausados Jorge Fernández Díaz, [el secretario de Estado de Seguridad] Francisco Martínez, [el entonces director adjunto operativo de la Policía] Eugenio Pino, [los mandos policiales] José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo entregaron a los investigadores del denominado caso Gürtel la información y documentación que ilegítimamente obtuvieron", concluye el Ministerio Público.

Recientemente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, a que reabra la investigación sobre las supuestas presiones sufridas por Luis Bárcenas y Javier Gómez de Liaño para evitar que publicasen informaciones que afectasen negativamente al PP.

García-Castellón había archivado esta pieza —la número 36 de la macrocausa—, pero la Fiscalía Anticorrupción solicitó su reapertura a la Sala de lo Penal.

No obstante, el tribunal se opuso a fusionar esta última con el caso Kitchen —pieza 7 del caso Villarejo—, cuya instrucción está finalizada, mientras que aún quedan diligencias por practicar en la número 36.