Fiscalía avala a Bildu como una "formación política democrática" y rechaza que deba ilegalizarse

La Fiscalía avala como "formación democrática" y legal a EH Bildu. Así lo ha hecho constar en un reciente informe, fechado este miércoles y firmado por la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el fiscal de Sala de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez.

Este documento había sido solicitado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para dar respuesta a una petición del sindicato de guardias civiles JUCIL, que solicitaba la ilegalización de Bildu. El Ministerio Público, no obstante, lo rechaza tajantemente.

"Hemos de concluir que, en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad", señala el informe.

Narváez y García León señalan que no hay "indicios mínimamente racionales" de que Bildu haya incurrido en "ninguna de las conductas previstas en el artículo 9.2 de la Ley de Partidos", que recoge los supuestos que permiten la ilegalización de una formación política. La jurisprudencia al respecto, además, es ciertamente restrictiva.

Entre otros motivos, los dos fiscales señalan que Bildu —que, técnicamente, no es un partido, sino una coalición de ellos— "ha condenado y condena públicamente la violencia terrorista" y "ha asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional".

"Se hace imprescindible, por otro lado, recordar que la banda terrorista ETA se disolvió en el mes de octubre de 2011 —hace ya casi doce años— y, por consiguiente, es desde esta perspectiva actual que se han de valorar todas las circunstancias concurrentes", indica el informe.

JUCIL había solicitado a la Fiscalía que estudiase la posible ilegalización de Bildu después de que el colectivo de víctimas Covite revelase que más de 40 candidatos abertzales habían sido condenados por colaborar o pertenecer a ETA. A su vez, el sindicato pidió que se analizase si alguno de estos sentenciados tendría prohibido todavía concurrir a unas elecciones.

No obstante, la Fiscalía señala que no existen "elementos de prueba" que permitan conectar directamente a Bildu con la banda terrorista ya extinta. Ésa es la principal diferencia —señalan los fiscales— con el caso de Batasuna, que sí fue prohibida al ser considerada el brazo político de ETA.

"Pero es que, en segundo término, hay que tener en cuenta que ETA (...) y las personas que la componían no han vuelto a cometer hechos delictivos desde el año 2011 y ha sido disuelta años más tarde, lo que es otro elemento que valorar a la hora de decidir la impugnación de candidaturas o la exclusión de las personas candidatas citadas", subraya la Fiscalía.

Asimismo, recuerda que los más de 40 candidatos abertzales que fueron sentenciados "ya han cumplido sus condenas" y "no consta acreditado que muestren intención alguna de volver a utilizar la violencia como instrumento al servicio de sus fines e ideales políticos". Por lo tanto, "no se aprecia razón alguna para impugnar aquellas candidaturas".

El informe recuerda que la Ley de Partidos abre la puerta a ilegalizar a una formación si coloca en sus puestos de dirección a "personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado los fines y medios terroristas". Este precepto también sería válido para vetar una candidatura electoral. Pero tal y como señala la Fiscalía, para ello, debería hacerse "de modo regular y no meramente ocasional".